Las implicaciones del caso de violación que tuvo lugar en la academia de los Vigilantes de Texas en el país llegaron este martes a un punto muy serio, al grado de que ya empezaron a surgir datos oficiales.

El Ministerio Público anunció mediante nota de prensa que consiguió que un juez impusiera medidas de coerción contra cuatro hombres de nacionalidad panameña y venezolana.

Se trata de prospectos de la citada organización de las Grandes Ligas, implicados en un caso de agresión sexual en perjuicio de seis menores de edad, también integrantes del equipo sucursal en la Dominican Summer League, nivel rookie (novato)  afiliado al béisbol organizado de los Estados Unidos, que se juega en el país. La información fue dada a conocer por Metro el viernes 11 de noviembre.

Varios medios de EE.UU. se han hecho eco de la información. La nota informa que la Oficina del Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo impuso medidas de coerción en contra del panameño Guillermo Antonio Villarreal y de los venezolanos Yoel Enrique Pozo Romero, Adrian Enrique Pernallete Velázquez y de Rougned José Odor Sambrano, hermano del intermedista del equipo grande de los Vigilantes.

Las medidas consisten en impedimento de salida del país, presentación periódica los días 15 y 30 de cada mes ante el Ministerio Público; secuestro de pasaportes y terapia psicológica en el Centro Conductual para Hombres, que funciona en la calle Yolanda Guzmán, esquina 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, sin desmérito de las penas que serán solicitadas durante el proceso judicial.

El juez Julio Aybar Ortiz dictó las medidas cautelares por los delitos de asociación de malhechores, agresión y abuso sexual y psicológico en perjuicio de los menores de 16 años de edad.

La información da cuenta de que el Ministerio Público, a través de la Unidad de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo, le atribuye la presunta violación de los artículos 265, 266, 330 y 333 del Código Penal Dominicano, y 12, 15, 18, 396 y 411 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), así como la violación a la Ley 53-07 sobre Delitos Electrónicos. Los hechos ocurrieron presuntamente en octubre pasado.