Varias organizaciones solicitaron al Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante un recurso de amparo ambiental preventivo, que ordene detener la construcción de las plantas de carbón de Punta Catalina y que también ordene sustituir el carbón por gas natural como combustible de estas plantas por ser menos contaminante.

El recurso fue presentado por el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (Insaproma) y dirigentes y miembros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (Cnlcc), la Asociación de Profesionales y Técnicos de Catalina (Aproteca) y la Federación de Campesinos Banilejos (FECABA).

A ellos se sumaron la Junta de Vecinos de Sainaguá, la Junta de Vecinos Heriberto Lugo de Catalina y el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la Agropecuaria de la Provincia Peravia, así como la Fundación Macorís Verde de San Pedro de Macorís.

Todos ellos interpusieron el recurso de amparo por constituir estas plantas de carbón "un alto riesgo y una grave violación de los derechos fundamentales a la salud y al disfrute de un medio ambiente libre de contaminación".

Apoyaron el recurso de amparo en varios artículos de la Constitución que consagran los derechos fundamentales a la salud y a un medio ambiente limpio.

Igualmente indicaron que en la construcción de estas plantas se violaron, a su entender, varios artículos de la ley general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales que exigen previamente a la ejecución de cualquier proyecto que afecte al medio ambiente recibir permiso ambiental o licencia ambiental.

"Estas plantas comenzaron a construirse sin la existencia de una licencia o permiso ambiental, en medio de un escándalo nacional e internacional por su enorme sobrevaluación de alrededor de 1,000,000,000 de dólares y por estar su proceso de licitación afectado por graves conflictos de intereses", aclararon.

También señalaron que estas plantas arrojarán a la atmósfera cada año más de 5 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalente a 0.57 toneladas de carbono por habitante, lo que representará un incremento de un 20 por ciento de las actuales emisiones de este gas en el país.

Dijeron a su vez, que esta alta cantidad de emisiones de dióxido de carbono de estas plantas que comenzarán a operar para el año 2017, "es un desmentido del compromiso que recientemente ha hecho el presidente, Danilo Medina, en la Conferencia Mundial del Clima (COP 21), de reducir en un 25% estas emisiones".