Es más fácil iniciar una guerra que terminarla. Especialmente en Colombia donde el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) han librado una lucha fratricida por más de medio siglo. Décadas de violencia que dejan 220,000 muertes, de las cuales  80 por ciento corresponde a civiles.

En un acto en La Habana, las partes beligerantes anunciaron la semana pasada “el cese bilateral  y definitivo del conflicto armado”. Si se cumple lo pactado marcaría el fin de una insurgencia que parecía eternizarse.

Es la culminación de un largo proceso negociador en que se ha acordado la devolución de tierras a los campesinos desplazados por la lucha. El país llevará adelante una reforma agraria que ha sido una de las reivindicaciones centrales de los insurgentes. Han acordado enfrentar el narcotráfico y reemplazar los cultivos de drogas. Asimismo, han esbozado planes para la reincorporación de los guerrilleros a la vida política.

Finalmente, uno de los puntos más delicados en toda guerra es el de la justicia y la entrega de armas por parte de los irregulares. Este es el momento de mayor peligro y vulnerabilidad para quienes buscan dejar el monte y reinsertarse en la sociedad. La historia de las guerrillas latinoamericanas está jalonada de transiciones frustradas. Desde Emiliano Zapata pasando por Augusto César Sandino a las propias Farc. Una vez desarmados los insurgentes son asesinados por agentes del Estado o paramilitares. De allí que serán clave las garantías de seguridad para los ex combatientes.

A la firma del cese del fuego definitivo se le ha querido dar la mayor solemnidad. De allí la presencia de presidentes y representantes de Estados Unidos y la Unión Europea.

En todo caso, los protocolos deben ratificarlos los colombianos en un plebiscito previsto para el segundo semestre. El presidente Juan Manuel Santos enfrenta la oposición del expresidente Álvaro Uribe que llama a la “resistencia civil” contra una amnistía a los exguerrilleros y su aceptación en la política nacional.

En las filas uribistas denuncian que el proceso de paz abre las puertas al “castro-chavismo”. Santos, a su vez, afirmó que si no se ratifican  los acuerdos “regresaría la guerra y podría llegar a las ciudades”.

El presidente busca evitar el calificativo de la “paz de Santos” con la que el uribismo pretende politizar la campaña plebiscitaria.