El informe de la OEA dejó clara la necesidad de la recomposición de nuestro sistema electoral.

El fracaso del último proceso es una llamado de atención que no debe ser ignorado. La incapacidad de realizar un montaje ordenado, creíble, transparente y justo se llevó de encuentro la buena fama ganada en procesos anteriores.

Los ciudadanos independientes y los partidos de oposición reclaman un proceso de conformación de la nueva JCE consensuado entre los partidos políticos y los actores principales de la sociedad civil.

El debate actual no es y no debe ser sobre la posibilidaad o no de ratificar a los actuales miembros, porque está fuera de toda duda que los responsables de semejante desastre no deben ser premiados con la confianza pública de arbitrar otro proceso.

El futuro no se puede construir manteniendo a todos los elementos del pasado. La única manera de conseguir resultados diferentes es haciendo todo distinto. Las normas, los procedimientos y los actores deben ser totalmente nuevos. Esa es la única manera de recuperar la confianza.
El árbitro debe ser confiable para todos los participantes y no solo para una organización política, sin importar lo mayoritaria que sea. Esta JCE dejó de ser confiable.

Las líneas de acción contradictorias que hasta ahora llevan el diálogo y el Senado no garantizan el resultado deseable para mantener la gobernabilidad.

El abultado triunfo del partido oficial no debe interpretarse como una patente de corso para decidir con espíritu incluyente sobre temas institucionales. La responsabilidad de gobierno que la democracia garantiza a la mayoría nunca es o debe ser excluyendo a las minorías.

La oposición y una buena parte del país no desea la repetición de caras en el organismos electoral. El empecinamiento en hacerlo pondría negros nubarrones sobre el futuro de nuestra democracia.

Las organizaciones políticas junto a las organizaciones de la sociedad civil deben pactar con espíritu de grandes miras las reformas necesarias para apuntalar las instituciones de nuestro sistema electoral. La gobernabilidad depende del pacto que se cierre en el diálogo.