La interpretación de lo acontecido con los dos pilotos, por lo increíble, debe ser en clave de cine. 
Muchos recordarán la película de los años setenta, Contacto en Francia.

La complicada trama recogía la intensa investigación de una operación de narcotráfico llevada a cabo por dos policías newyorkinos.  

Los involucrados eran mafiosos franceses, personajes de la sociedad estadounidense  y hasta una figura televisiva.

En el final, como pasa en la realidad, vemos como el pez gordo logra escapar. 
El caso de los pilotos supone una trama tan intensa y compleja como la de la película. Los invlucrados son igual de variados: la justicia criolla, un diputado francés y, suponemos, que también el imprescindible apoyo de personas con autoridad. 

El diputado francés viajó al país y se entrevistó con los dos condenados, nada más y nada menos que en un paradisíaco hotel. Los tres acordaron el plan de escape. La fotografía del conciliabulo quedó registrada en las redes sociales.

La ejecución fue perfecta. Los dos pilotos llegaron a la zona costera donde les esperaba una lancha rápida, que los llevó hasta una embarcación mayor con destino  a Martinica. Desde esa isla volaron a Francia.

Los eslabones que conforman la cadena de justicia fallaron todos. El juez falló porque otrogó una irresponsable libertad condicional.

El ministerio público falló por incapacidad de pelear una variación de medida de coerción. Los organismos de inteligencia fallarón por complicidad o por omisión.

El saldo es doblemente negativo por lo que sufre nuestra imagen institucional y por la soberanía violada. Lo que queda es luchar por reparar lo roto.

El procurador general de la República pedirá una orden internacional de captura. Si Francia no obtempera, como parece que no lo hará por delacraciones públicas de importantes funcionarios, pondría en evidencia su complicidad en el caso.

Quedan muchas preguntas: ¿Por qué el diputado del Frente Nacional se interesa por dos narcotraficantes? ¿El dinero de esa droga tendría un uso político? No tenemos todavía respuestas.

El país a través de la Cancillería debe exigirlas. Es una cuestión de dignidad nacional.