La ceremonia de investidura como presidente constitucional dio inicio a un nuevo período de gobierno. Los funcionarios ratificados en sus cargos como los de nuevo nombramiento tienen la responsabilidad de realizar su declaración jurada de patrimonio.

En el período anterior se ignoró con marcado desdén el cumplimiento de esta norma por parte de miles de funcionarios públicos. La Cámara de Cuentas realizó varias declaraciones a los medios reiterando el llamado a cumplir con esa imprescindible obligación. La administración hizo oídos sordos.

Los cuatro años anteriores llegaron a su fin con ese compromiso incumplido. Esos miles de funcionarios incumplidores no recibieron el castigo que ordena la ley y mucho menos una reprimenda del jefe de Estado por la omisión. La ausencia de consecuencias sin duda que multiplicará los que incumplan este requisito normativo.

El presidente Danilo Medina afirmó de forma enfática que en su nueva gestión llevará a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia, la institucionalidad y de lucha contra la corrupción. El primer gesto de cumplimiento de este propósito sería mostrar el mayor interés en que en esta ocasión nadie evada el compromiso de declarar sus bienes.

En el primer considerando de la ley se indica que el proceso de mejora de los mecanismos de acceso a la información pública y rendición de cuentas que transparentan la gestión de la administración se contribuye a la erradicación de la corrupción. La repetición de los incumplimientos sin consecuencias sería una temprana admisión del fracaso del proceso de adecentamiento público.

La sociedad civil estará atenta al proceso de cumplimiento de esta norma y no desmayará en el propósito de conseguir que sea oportunamente obedecida; y en el caso de que no se cumpla, exigirá las sanciones que la norma manda.

El presidente Danilo Medina también dijo que él está del lado de la gente honrada, así que imaginamos que en esta ocasión no permitirá el poco honrado acto de violar la ley 331-14 de Declaración Jurada de Patrimonio.

La repetición del incumplimiento y la falta de consecuencias demostraría el desinterés del Gobierno.