El anuncio realizado por el ministro de educación, Carlos Amarante Baret, sobre el propósito de impartir la asignatura de educación sexual toma por sorpresa a todas las partes interesadas.

Los esfuerzos anteriores abortaron por la falta de un diálogo inclusivo. La educación sexual de los hijos es una responsabilidad de los padres. El diseño de los contenidos, entonces, debería contar con el apoyo de los progenitores.

La decisión final que tome el ministerio debería ser posterior a un proceso de socialización que consiga el consenso necesario para iniciar sin trabas.

El propio ministro recordó que nadie se opone a la necesaria formación de nuestros niños y jóvenes en los conceptos necesarios para su correcta maduración sexual. La contradicción no está en el fin, sino en los medios.

Las propuestas ensayadas hasta ahora carecen de la integralidad imprescindible para conseguir el objetivo, porque reducen la sexualidad a la genitalidad.

No se puede considerar bien formados a los niños y jóvenes solo por su capacidad descriptiva en el plano biológico. La sexualidad es la expresión física del amor.

La sexualidad implica la relación entre dos seres humanos. Los niños y jóvenes deben ser preparados para entenderla en ese nivel más trascendente. La sexualidad no debe enseñarse solo como una función biólogica sin contenido espiritual.

La verdadera educación sexual integral informa sobre la fisiología y forma para el amor.

Las tres ejes fundamentales para lograr el propósito de una educación sexual integral son los padres, los contenidos y los maestros. El programa que se desarrolle debe tomar en cuenta la cooperación dinámica entre los padres y los maestros en el desarrollo de los contenidos y en el proceso formativo.

Los maestros que serán depositarios de la responsabilidad formativa en el recinto escolar en esta materia no pueden tener una formación general. Lo correcto es que posean una formación especializada en las dos dimensiones de las relaciones humanas: la física y la mental.    

Esperamos que no se trate de imponer desde la esfera pública una concepción excluyente del proceso formativo de nuestros hijos, porque al fin y al cabo son nuestros hijos.