La oposición está resentida por lo que considera un proceso electoral injustamente desequilibrado. El Gobierno, por su parte, está molesto porque la oposición no le reconoce legitimidad. El puente de la comunicación está roto.

La indiferencia mutua es lo que prima entre la oposición y el oficialismo. El proceso de construcción de consenso en el país está fracturado por esa incomprensión.

La gobernabilidad es imposible en un país sin vasos comunicantes entre los principales actores del proceso político. El diálogo que existe es de sordos.
El oficialismo desea ser reconocido, pero no muestra magnanimidad. La oposición busca respeto, pero no es generosa. La distancia no se acortará de esta manera.

El tranque comunicacional tiene mucho de orgullo y muy poco de político. Estamos en un juego de suma cero donde nadie parece estar ganando.

El estancamiento político institucional tiene un alto costo para el país. El estancamiento en la discusión de la imprescindible reforma de nuestro sistema electoral no permite atender otros temas de la cargada agenda de discusión nacional.
La sociedad civil y los actores empresariales pidieron la intervención del presidente Medina para recuperar el espacio de consenso político.

El Gobierno interpreta mal el sentido de la petición cuando considera que una participación activa del Presidente de la República conduciría a una violación constitucional.

Danilo Medina es presidente de todos los dominicanos; y en el marco del respeto a las atribuciones de su cargo, tiene el deber de intervenir en los escenarios de posibles conflictos políticos. El mantenimiento de la paz es su mayor responsabilidad.

La decisión legal, pero no necesariamente legítima, de un Senado controlado por el oficialismo se intepretaría como una imposición autoritaria.

La imposición conduciría a una escalada del resentimiento opositor. La imposibilidad de un proceso político incluyente acabaría con la paz pública.

La solución es reconstruir el puente roto de la comunicación entre la oposición y el Gobierno. En las manos de Danilo Medina y Luis Abinader reposa la única pósibilidad. Medina debe viabilizar la reforma institucional del sistema electoral y Abinader debe reconocer su legitimidad.