La financiación de la política influye mucho sobre la calidad del proceso democrático. Esa es la razón de que en la mayoría de los países que viven en regímenes de libertad se utilizan diversos mecanismos de regulación de los aportes económicos. Nuestro país no es una excepción. La Ley Electoral estipula una contribución anual obligatoria del Estado a los partidos políticos para sus actividades.

La justificación de la existencia de esta contribución busca equilibrar las condiciones de competencia entre el partido en el poder y los de oposición; reducir la influencia de grupos de interés y de dinero sucio en las campañas; y proveer una base mínima de recursos económicos para que los partidos emergentes puedan sobrevivir.

La experiencia práctica arroja un saldo desfavorable en el cumplimiento de estos objetivos. En las diferentes campañas electorales hemos visto como  se suman los fondos públicos de las diferentes dependencias a la contribución obligatoria en la financiación proselitista de los partidos oficiales, generando un desequilibrio de recursos que en muchas ocasiones significó la diferencia entre la victoria o la derrota. Tampoco nunca han evitado los fondos de la contribución las donaciones privadas que, por ser una actividad opaca y sin regulación, propicia la entrada de fondos provenientes de actividades ilegales. En el caso de los emergentes, La cantidad que el poco equitativo mecanismo de repartición les deja es insuficiente para dotarlos de capacidad competitiva.

La norma está hecha a la medida de los partidos mayoritarios. El PLD, PRD Y PRSC recibirán unos mil doscientos ochenta y ocho millones, mientras que los demás treinta y cuatro partidos o movimientos, deben repartirse los trescientos millones restantes. El PRM, principal partido de la oposición, tendrá que conformarse con unos doce millones de pesos para realizar su campaña.

Lo que está bien no debe cambiarse, pero lo malo debe reformarse de inmediato. El mecanismo de asignación de los fondos públicos no cumple con ninguno de sus cometidos. La institucionalidad de los partidos se muestra más debilitada que nunca. Los recursos asignados para lo único que han servido es para desatar las ambiciones mercuriales de las autoridades partidarias.  La eliminación de esa contribución parece lo más inteligente.