El Tribunal Constitucional anuló el nuevo Código Penal.Para muchos es una sorpresa, porque la parte más mediática del recurso elevado por varias fundaciones cuestionaba la inclusión de varios artículos considerados como violatorios al derecho a la vida protegido por la Constitución.

La mayoría esperaba que la decisión se limitaría a declarar inconstitucional los artículos cuestionados, pero mantener vigente el Código.

Para entender la anulación debemos hacer memoria del escabroso proceso de aprobación. Lo primero, recordar la contaminación del debate sobre el Código que supuso halar por los pelos el tema resuelto del derecho a la vida.

Los grupos pro aborto encontraron la oportunidad política de influir en el círculo íntimo del Gobierno y en el propio presidente Medina para intentar incluir en el Código lo que no pudieron introducir en la Constitución: el aborto por las causales de riesgo de la madre, malformación y violación.

El debate crispó los ánimos de la sociedad dominicana, muy sensible a este tema. Las protestas, movilizaciones y los intercambios de argumentos dividieron a la sociedad.

El presidente Medina, al parecer mal aconsejado, decidió observar el Código defendiendo los argumentos de los grupos contrarios al derecho a la vida.

La voluntad expresada por el ejecutivo trasladó la difícil decisión al legislativo.

Los diputados oficialistas, imposibilitados de contrariar al presidente, improvisaron una solución que se convirtió en un problema.

La aprobación de un texto alterno que por complacer a todos terminó por disgustar a todos. Pero la mayor equivocación de los diputados y del Presidente fue aprobar y promulgar el Código obviando la participación del Senado.

El sistema legislativo dominicano es bicameral. No hay un precedente de la aprobación de ninguna ley sin ser sancionadas por ambas Cámaras.

Esta es la verdadera razón de la anulación total del Código Penal.

Si el Tribunal Constitucional validaba esa anómalo procedimiento quedaba destruido todo el andamiaje institucional que norma el proceso de formación de las leyes.

La experiencia debe servir para aleccionar a la clase política sobre los límites de su poder. En un Estado de derecho se hacen las cosas como mandan las leyes y no como manda el interés.