El problema para establecer un Estado de derecho en el país es el estado de privilegio que disfrutan las figuras de autoridad o los miembros de estamentos de autoridad. Por ejemplo, militares o policías en conflicto con la ley.

Los retiros de altos y medianos oficiales transgresores pocas veces terminan en sometimientos a la justicia y los que llegan casi nunca terminan en condena definitiva. Este privilegio invalida el principio de igualdad ante la ley de todos los ciudadanos. La prensa nacional mantiene un inventario virtual de todos los retiros provocados por conducta criminal.

Los casos son cientos. Nuestra isla, por su ubicación geográfica y por la permeabilidad interna ante el soborno, es uno de los puntos principales de trasiego de drogas hacia todos los mercados de alto consumo.

Los años en los que se miró para otro lado, ante las advertencias sobre los peligros del fenómeno del narcotráfico, terminaron por convertirnos en un país pivote del crimen organizado.  El dinero fácil penetró a todas las actividades productivas y también llegó hasta los espacios con poder de decisión.

Nadie se ocupó de los beneficios, mientras los malos perjuicios no fueron evidentes. La práctica generó una cultura que creció verticalmente y se expandió horizontalmente por todo la geografía nacional. Ahora tenemos un mercado de drogas local que produce una gran cantidad de recursos diarios a través de los miles de puntos diseminados por todo nuestro territorio.

El negocio no se detiene y prospera a pesar de la gran cantidad de anuncios de decomisos que hacen las agencias especializadas en el tema. ¿Por qué? Porque no hay un sistema de consecuencias para los verdaderos jefes de la operación. Los capturados y juzgados son los obreros del crimen, pero nunca los patronos.

Esa es la razón de que los grandes decomisos nunca consigan crear un verdadero desabastecimiento de estupefacientes en el país: siempre hay drogas, y muchas.

A las instituciones y personalidades preocupadas por el fenómeno ha llamado la atención el hecho de que, de unos treintas y dos oficiales expulsados por habérseles encontrado algún vínculo con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. ninguno ha sido sometido a la justicia.

Además de ser un privilegio irritante es la peor política para acabar con el terrible flagelo. La ley, insistimos, debe ser igual para todos.