La corrupción y la impunidad son hermanos siameses que comparten varios órganos.

El estómago de la corrupción alimenta a la impunidad y el pulmón de la impunidad hace respirar a la corrupción. La vida de uno sostiene a la otra. La sociedad dominicana tiene que buscar la forma de separarlos.

Contrario a lo que se cree, el mal mayor de los dos es la impunidad. La impunidad, por definición, es la circunstancia de no recibir castigo. La vida pública nuestra está fundada en el borrón y cuenta nueva. El entramado de complicidades es tan complejo y profundo que ha sido imposible establecer un sistema de consecuencias.

La sociedad dominicana, o por lo menos una parte de ella, tiene una conciencia clara sobre el costo político, económico y social de la impunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil saben que con un Ministerio Público dependiente del ejecutivo, jueces comprometidos con formaciones partidarias y la influencia de algunas figuras políticas sobre toda la cadena de justicia, será imposible hacer la imprescindible cirugía de separación. 

La efectividad de La CICIG, en Guatemala, motivó a varias organizaciones de la sociedad civil y personalidades interesadas en la erradicación de la impunidad y la corrupción a pedir el establecimiento de una institución similar en la República Dominicana.      

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) investigó una sofisticada red de contrabando en las aduanas de ese país centroamericano. La investigación arrojó indicios que señalaban como principales responsables al presidente de la República, Otto Pérez Molina, y la vicepresidenta, Roxana Baldetti. El proceso de la CICIG se conoce como ¨Caso la Línea¨.

La población, como reacción al escándalo, de forma espontánea, se reunió en La Plaza de la Constitución para exigir la renuncia del presidente y la vicepresidenta. La presión popular provocó que las autoridades apresaran a la vicepresidenta y que el presidente Molina renunciara.

El acontecimiento mostró el camino correcto para llegar a tener una sociedad libre de impunidad y de corrupción: un órgano internacional con jurisdicción local, un Ministerio Público independiente y un pueblo empoderado. 

El pedido que hace la sociedad civil debe ser apoyado por todos los ciudadanos que desean iniciar los necesarios procesos de reparación de todos los actos contrarios al patrimonio público.