La mayoría de los funcionarios no cumple con la obligación de ley de presentar en plazo hábil su declaración jurada de patrimonio. La información está recogida en un boletín publicado por el Laboratorio P. José Antonio Esquivel adscrito al Centro de Estudios Económicos y Sociales de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

La información está organizada en quince preguntas y respuestas sobre el cumplimiento y evaluación de la de la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

La preocupación de la sociedad por el establecimiento de normas para institucionalizar la transparencia de los funcionarios, que entran o salen del servicio en la administración pública, encuentra el escollo del irrespeto de las mismas por parte de la autoridad obligada a garantizar su efectivo cumplimiento.

En la primera administración del presidente Danilo Medina el incumplimiento con la DJP fue, con algunas excepciones, general. Los funcionarios que omitieron la responsabilidad no sufrieron ninguna de las consecuencias prescritas en la norma.

Los medios de comunicación y la sociedad exigieron el cumplimiento, pero no encontraron respuesta positiva; al final, no hubo declaraciones ni sanciones. La indiferencia más absoluta fue la actitud dominante.

En esta administración se repite el reclamo de los medios de comunicación y de la sociedad. La respuesta de las autoridades vuelve a caminar por el trillado camino de la promesa de retener los salarios a los funcionarios que se resisten a cumplir.

La retención de salarios es una sanción aplicable a las faltas de segundo grado. La Ley de Declaración Jurada de Patrimonio no contempla para los funcionarios omisos este tipo de sanción. Los funcionarios que no han cumplido con la obligación en el plazo estipulado han incurrido en falta grave o de tercer grado. La única sanción reconocida en la norma es la destitución.

La costumbre de adoptar posturas de aparente inflexibilidad con propósitos cosméticos más que de verdadero espíritu correctivo es muy bien conocida por todos. En esta ocasión nadie debería conformarse solo con eso.

El hecho de que más de cuatro mil funcionarios públicos de todos los niveles se resistan a cumplir con esta elemental obligación de transparencia arroja sobre toda la administración un manto de sospecha de posibles prácticas corruptas.

Este medio está convencido de que el presidente Danilo Medina tiene un serio compromiso con la transparencia y la proscripción de la corrupción. La mejor demostración de ese compromiso es empezar con la emisión de los decretos de destitución de los incumplidores.