El colapso absoluto de una sociedad sucede cuando los que deben ser regulados se convierten en reguladores.

Las declaraciones del procurador adjunto Antilavado de Activos, Germán Miranda Villalona, primero; y ahora, las del del procurador general, Francisco Domínguez Brito, sobre la presencia en el Poder Legislativo de personas ligadas al negocio de las drogas, ponen en evidencia la urgente necesidad de reformas profundas a los partidos políticos y a nuestro sistema electoral.

La temida colombianización de la sociedad, con este paso, se coloca en un punto crítico que debimos tener la capacidad de evitar. No será inútil recordar que el terror de la narco violencia en Colombia fue una consecuencia de la asociación entre los políticos y los traficantes.

Pablo Escobar Gaviria fue alentado por políticos inescrupulosos a participar en política a través de una posición legislativa. El Espectador, en un ejercicio de periodismo responsable, publicó la noticia de su apresamiento por tráfico de drogas en la década de los setenta.

El conocimiento público de los atecedentes criminales de Escobar provocaron su renuncia de la posición legislativa y lamentablemente también la muerte del ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien con tanta valentía lo enfrentó.

Las organizaciones criminales buscan impunidad para sus operaciones. Esa impunidad la garantiza el poder político. El plan siempre es el mismo: liderazgo social a través de la ayuda económica en los barrios, sobornos para las fuerzas de seguridad, asociación con los partidos políticos e infiltración de las instituciones públicas.

El logro de este plan supone el funcionamiento sin contratiempos de la maquinaria de producción de dinero sucio; y con el dinero, la capacidad de multiplicar el poder hasta someter a toda la sociedad. Si el plan fracasa, entonces comienza la violencia más descarnada: atentados y secuestros.

Nadie puede asegurar en cuál etapa estamos, pero los signos visibles muestran un avanzado proceso de consolidación de la narcopolítica.

Esperamos que las autoridades no se queden en la denuncia y procedan a enfrentar con responsabilidad el negativo fenómeno.