El político Alemán Konrad Adenauer afirmaba que la política era demasiado importante como para dejársela a los políticos. Tenía razón. El propósito de aprobar un conjunto de normas para regular nuestro sistema electoral y de partidos es de primera importancia para el futuro de nuestra democracia.

Estas reformas deben llevarse a cabo con los partidos o a pesar de los partidos. Lo único que no puede faltar es la participación de los ciudadanos. Así como nadie es un buen médico de sí mismo, tampoco un partido político es el mejor regulador de la actividad partidaria. Les sobra conocimiento de causa, pero les falta buena voluntad.

Los proyectos de ley electoral o de partidos que proponen no pasan de ser simples declaraciones de intenciones sin capacidad disuasiva y mucho menos penalizadora. En cada artículo se describen los vicios, pero no se impone penitencia. La repetición del gatopardismo: cambiar todo para que nada cambie.

La mala intención de los partidos se refleja en el consciente distanciamiento de instituciones o individuos de la sociedad civil con experiencia, conocimientos y sobradas buenas intenciones para la elaboración de las propuestas partidarias. El oficialismo y la oposición se comportan de la misma manera: miden y pesan como los malos tenderos, buscando la conveniencia propia a expensas del cliente.

En los últimos cuatro años, instituciones de la sociedad civil como Finjus, Participación Ciudadana y el Centro Juan XXIII, entre otras, trabajaron en la adecuación y socialización del proyecto de ley de partidos políticos presentado por la JCE. El resultado final ganó en solidez y se acercó mucho a la reforma deseable. La ambición del partido oficial y la negligencia de la oposición hicieron naufragar ese prometedor proceso. En esta ocasión no podemos permitir eso.

El sistema de partidos y electoral se encuentra en estado crítico. El país no resiste otro proceso de expresión democrática tan precaria. La democracia interna y el financiamiento transparente, por ejemplo, deberían ser normas de obligatorio cumplimiento.

En cuanto a la ley electoral, inexcusable es seguir dependiendo de una norma claramente insuficiente para regular una realidad de creciente complejidad. Pero hacemos la advertencia: ¡La reforma será con los ciudadanos o no será!