La seguridad es la condición de estar libres de preocupaciones o cuidados con respecto a algo. Esa seguridad emana del conjunto de normas establecidas por el Estado para regular las relaciones en la sociedad. El respeto a ese conjunto de normas es lo que conocemos como seguridad jurídica.

La seguridad jurídica es un principio reconocido que se basa en la certeza del derecho. Esa certeza está fundada en la convicción de que se conoce o se puede conocer lo previsto, prohibido o permitido por el poder público.

Este concepto excluye cualquier actuación discrecional que, interpretando las normas de una manera antojadiza, pueda afectar derechos adquiridos.   

Los actores privados deciden realizar inversiones de largo plazo amparados en la confianza de que las normas aplicadas al momento de la inversión no serán cambiadas o desconocidas posteriormente.

El sostenimiento de un clima de inversión creíble depende de la aplicación sin sesgos de esta garantía dada por el Estado a los individuos de que su persona, bienes y derechos adquiridos no serán violentados o desconocidos.

La seguridad jurídica contempla que, en el caso de que un derecho adquirido sea violentado o desconocido, deberá garantizársele a los usufructuarios del mismo protección o reparación.

La Constitución Dominicana consagra como pilar de la seguridad jurídica el principio de la irretroactividad de la ley. El mismo indica que toda ley solo dispone y se aplica para lo por venir.

Así que cualquier decisión del poder público, para ser válida, no debe invocar una norma posterior para afectar derechos recibidos con anterioridad.

República Dominicana es un gran receptor de inversión extranjera. El equilibrio de nuestra economía depende de ese flujo financiero que llega atraído por la seguridad jurídica prometida.

El Ministerio de Energía y Minas desaprobó una solicitud de la compañía Cemento Santo Domingo para la explotación de rocas calizas en la provincia de Azua. Esta cementera es propiedad de la familia Abinader Corona.

El candidato presidencial Luis Abinader denunció la acción como un abuso de poder. No contribuye con la seguridad jurídica ni la democracia que el Gobierno promueva acciones en contra de los intereses privados de un candidato.