Nuestra Constitución consagra el derecho a la vida como como inviolable desde la concepción hasta la muerte. El carácter absoluto de este derecho debería llevarnos, en todas las situaciones, a preferir toda acción que conduzca a preservar la vida sobre cualquier otra que la destruya. En la jerarquía de los derechos, sin duda, es la vida el supremo, porque sin ella no hay posibilidad de disfrutar de los demás.

En nuestro país se están produciendo casos en los centros de salud que colocan a los médicos en un dilema. Los Testigos de Jehová, en condiciones críticas de salud, se niegan a recibir transfusiones de sangre por su credo. Los feligreses portan un documento donde se advierte que todo aquel que los someta a este procedimiento será sujeto de demanda. Los médicos, por miedo a las consecuencias legales, están dejando partir a estos pacientes.

El dilema de los médicos es tener que escoger entre dos bienes: la vida o el respeto a la libertad de credo. La decisión que están tomando los profesionales de la salud es invariablemente el respeto a la libertad de credo de los pacientes. El descargo por escrito de responsabilidad legal precede al alta de unos pacientes que marchan hacia una segura muerte.

Los casos documentados son suficientes como para que la sociedad se interese por un debate serio sobre este importante tema. El juramento hipocrático compromete a los médicos a buscar el bien de los enfermos. ¿Cuál es un bien mayor a la vida? Ninguno. La labor del médico es siempre tratar de salvar la vida de sus pacientes por encima de cualquier consideración.

¿Tiene fuerza legal el documento portado por los testigos de Jehová? La respuesta que consideramos correcta es que no puede ni debe tenerla, porque obliga a preferir de entre dos bienes el menor. No creemos que exista jurisprudencia sobre algún resultado adverso para los médicos en casos de transfusiones de sangre. ¿Qué juez condenaría a un galeno por salvar la vida de un paciente? El temor, aunque muy real, es infundado.

Las autoridades de salud del país deben dar instrucciones precisas de cómo proceder en estos casos. La vida de las personas debe ser preservada incluso en contra de su voluntad, porque la vida tiene un valor colectivo además de individual.