La discusión sobre el conteo manual como complemento al automatizado remite al debate entre legitimidad y legalidad.

La legitimidad política de las decisiones se hace efectiva cuando cuenta con la aceptación de la mayoría de los ciudadanos. La acción legítima se acata, pero no se impone.

La legalidad es un concepto que remite a la correspondencia entre la decisión o la acción y las normas establecidas. La acción legal se obedece, porque lo manda la ley. En la dinámica política no siempre hay correspondencia entre estos dos conceptos. La falta de legitimidad conduce a la pérdida de una poder o autoridad derivado de la legalidad.

La decisión de la JCE de incorporar el conteo automatizado sin la utilización paralela de conteo manual representaría un desconocimiento de la legalidad que podría conducir a la ilegitimidad.

La JCE, como árbitro del proceso comicial, sirve a los actores principales del mismo: los votantes y los partidos. No conviene que el organismo comicial, por un compromiso excesivo con el objetivo de unos resultados veloces, degrade el consenso necesario para producir un proceso electoral rodeado de legitimidad.

La resolución 64/2016 no cuenta con la aceptación consensuada de todos los actores políticos y tampoco, de acuerdo con la correspondencia remitida al pleno por el miembro de la JCE, Eddy Olivares, cumple la Ley Electoral.

Estamos en presencia de una decisión del organismo electoral que carece de legitimidad y, aparentemente, de legalidad.

El proceso de escrutinio, nadie lo ignora, es la variable más importante para revestir de confianza cualquier resultado electoral. Así que toda decisión relativa al conteo debe ser tomada con seriedad y sabiduría.

En un país dominado por una cultura política poco entrenada para la derrota es muy importante reducir a la mínima expresión razonable cualquier inconformidad con el organismo comicial.

Así, mediante la obligada legalidad, conservaremos la imprescindible legitimidad.