El poder de una democracia descansa en los ciudadanos. Contrario a lo que se cree, la capacidad de escuchar debe ser la habilidad primaria de los gobernantes.

La capacidad de hablar está en segundo lugar. Para tener algo que decir, primero se debe escuchar. El que habla sin escuchar es como una carreta vacía: hace mucho ruido, pero llega sin contenido.

La disposición a escuchar se nota en los más simples gestos. Por ejemplo, un grupo de ciudadanos, organizados en un movimiento denominado IMPUNIDAD 0, pretendía exigir justicia manifestándose cívicamente frente a las oficinas de la OISOE. No pudieron hacerlo.

La policía nacional bloqueó la caminata. Los manifestantes, miembros de la clase media profesional, conocedores de sus derechos constitucionales, perseveraron en el propósito de llegar a su destino. Los agentes, cumpliendo órdenes superiores, lo impidieron a empujones. No repararon ni en el género ni en la edad de los manifestantes.

El acto, repudiable desde todos los sentidos, es una muestra de esa incapacidad de escuchar que lastra nuestra democracia. En cualquier país civilizado, a esos honestos ciudadanos, se les hubiese permitido expresarse. Pero no aquí; una y otra vez, las autoridades prefieren convertirlos en víctimas. Se escuchó decir a más de uno: “Se defiende a los corruptos y se ataca a los serios”.

Una hora después llegó una orden para dejarlos manifestarse. El daño estaba hecho. Lo que se quería impedir sucedió. Todos los medios de comunicación replicaron el acontecimiento.

Lo que, tal vez, hubiese pasado como una acción discreta terminó con en descomunal escándalo. La autoridad quedó disminuida por esa torpe actuación.

Los edificios públicos que albergan las actividades gubernamentales pertenecen a los ciudadanos. La Constitución consagra como derechos inalienables la libertad de tránsito y de expresión. Los ciudadanos sabemos eso. La autoridad sabe que lo sabemos.

Lo mejor sería descontinuar la abusiva práctica de limitar el libre tránsito y la libre expresión cuando se manifieste frente a los edificios públicos, y eso debe incluir el Palacio Nacional.