La riqueza de las naciones se construye a través de políticas públicas perdurables en el tiempo. La decisión del cobro adelantado del ITBIS en la DGA representa un retroceso para el proceso productivo.

La economía global exige a los países desarrollar sectores productivos de clase mundial.  La competitividad necesaria para hacerse un lugar en el comercio internacional y para poder sostener los mercados locales se logra a través de la innovación.

El país entendió que sin suficiente estímulo  no sería posible lograr la transformación de la rezagada industria nacional.   
La Ley de No. 392-07 sobre Competitividad e Innovación Industrial surge de la necesidad de dotarnos de una normativa jurídica capaz de apoyar la innovación, facilitar la logística, estimular las exportaciones y fomentar la transformación tecnológica.

Este instrumento legal, aplicado a medias, es reconocido por los actores públicos y privados como una plataforma para la generación de empleos y el aumento de las ventas.

Las estadísticas aportan pruebas de los resultados prácticos de la norma. La anterior directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, afirmó que el empleo aumentó en un 20 %, las ventas por su parte en más de un 45 % y las exportaciones de los últimos siete años se duplicaron  por los beneficios de la Ley.

Las inversiones en renovación de maquinarias, centros de distribución y procesos productivos de empresas como el Central Romana, César Iglesias, Grupo Rica, Cemex y Ambev Dominicana son una muestra concreta del impacto de la norma en nuestra realidad productiva.

¿Qué razonamiento lógico puede conducir a una decisión que mutila la norma? ¿Qué resultado positivo se puede esperar de una decisión que penaliza al sector productivo? ¿Cuál es el beneficio de incentivar a las empresas extranjeras que disfrutan de exenciones por acuerdos de libre comercio y desestimular a las locales?

Las preguntas son interminables y de difícil respuesta. La ciudadanía en general y los sectores productivos en particular no entienden la necesidad de una medida que el mejor de los casos deja las recaudaciones tal y como están; y en el peor, produciría un impacto negativo como efecto de menores importaciones de materias primas y bienes de capital. Lo más sabio es rectificar esa medida.