La función judicial es imprescindible para constituir y mantener una comunidad política. Sin jueces no hay sociedad.

En el libro del Éxodo, que narra la liberación del pueblo de Israel de la cautividad egipcia, podemos leer que Jetró, el suegro de Moisés, le indicó que debía elegir a hombres buenos, dignos de confianza y que no se dejasen sobornar, para que lo ayudaran en la tarea de juzgar al pueblo en todo momento.

La convivencia pacífica de toda sociedad está garantizada por el trabajo de los escogidos para administrar justicia.

República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho. La materialización de esta definición constitucional depende en buena medida de la existencia de un Poder Judicial independiente en el ejercicio de sus funciones.

Los sucesivos escándalos y los repetidos fracasos en la aplicación de justicia tienen convencida a la población de que los esfuerzos realizados para institucionalizar a la justicia han sido insuficientes.

Las deficiencias de nuestra judicatura son conocidas: falta de independencia, excesiva politización, presupuesto precario, capacitación insuficiente y ausencia de conciencia moral.

Los tratadistas sobre el tema judicial han identificado una serie de variables fundamentales de las que depende la existencia de un Poder Judicial fuerte en un sistema democrático: grado de independencia judicial, prestigio social de los jueces, el papel de los actores políticos y la autoridad conferida a los tribunales.

Estas variables fundamentales corresponden precisamente a las deficiencias de nuestra judicatura.

La falta de recursos impíde que tengamos tribunales en la cantidad y la calidad necesarias para servir a una población creciente y, mucho menos, a los jueces bien remunerados que serán impermeables a la corrupción. La poca dignificación de la carrera judicial conduce a su desprestigio. La ausencia de prestigio deja el espacio libre para los audaces sin conciencia moral. Los actores políticos manipulan el sistema para favorecer sus intereses y así se pierde la autoridad de los tribunales.

Un pacto para la reforma judicial es imprescindible.