La democracia grande del país necesita de la democracia pequeña de los partidos.

El resultado más visible de este proceso electoral es el colapso de las garantías democráticas en las organizaciones políticas.

El sistema de partidos tiene que ser refundado desde sus cúpulas hasta sus bases, para garantizar la coherencia entre los principios que dicen postular y sus prácticas.

La democracia es solo una palabra en la boca de los dirigentes, porque las decisiones internas en los partidos siguen dependiendo de un pequeño número.

Esa élite partidaria se construyó a través del tiempo por la cercanía con los líderes históricos, la capacidad económica o el control de grupos humanos.

Los partidos operan como corporaciones, a imagen y semajanza de las empresas, con el único objetivo de ganar elecciones para maximixar los beneficios que producen los cargos públicos.

Las normas se saltan a conveniencia. La formación política, un requisito innecesario. La conciencia moral, un estorbo. La vocación de servicio, una virtud para curas.

El hábitat político es lo más parecido a un barrio caliente. La competencia que se requiere es más la del tíguere dispuesto a todo que la del intelectual cuestionador de todo.

Los partidos son instituciones con rango constitucional, porque son indispensables para la democracia. Las aventuras de sustitución han demostrado ser una medicina peor que la enfermedad.

Los partidos deben ser salvados de su propia incapacidad, porque de eso depende la sostenibilidad de nuestra vida en libertad.

La recuperación de estas organizaciones requiere de la aprobación de una ley de partidos políticos que garantice los derechos de la miltancia a elegir y ser elegidos, la rotación de los liderazgos, la transparencia en el uso de los fondos y la formación de los miembros.

La JCE, por la madurez alcanzada, debería tener la responsabilidad de planificar, ejecutar y supervisar todos los procesos internos. Si no lo hacemos así, no tendremos partidos para las próximas elecciones.