El Estado de derecho existe donde el Estado es el primero en sujetarse al derecho. En nuestro país no hay tal cosa. El Estado es el mayor incumplidor de la ley. El inventario de sus transgresiones es amplio. No puede ser de otra manera, porque la acción pública del Estado se manifiesta a través de las instituciones; y en el país, lamentablemente, no tenemos instituciones.

El espíritu decimonónico personalista cabalga todavía sobre la realidad contemporánea. Se cuenta, que para una de tantas revoluciones de nuestro siglo diecinueve se le pidió cooperación al general Pedro Santana y éste respondió: “Sí, yo estoy dispuesto a colaborar con la revolución, pero yo mando”. 

La mayoría de nuestros servidores públicos piensa y procede inspirada en ese “pero yo mando”. El gobierno de los hombres suplanta al gobierno de las instituciones. Las leyes no se cumplen porque los gobernantes se sienten por encima de todas y los gobernados viven como si no existieran.

La Cámara de Cuentas, de conformidad con el artículo 13, párrafo I, de la Ley 311-14, sobre Declaración Jurada de Patrimonio, presentó un nuevo grupo de funcionarios que todavía no presenta su declaración. La lista se agrega a otra anterior que contenía más de mil nombres de omisos.

Esta norma se aprobó y promulgó bajo la premisa de que contribuirá con el necesario proceso de rendición de cuentas para la transparencia de la gestión administrativa. Este mecanismo de control, si se cumple, permitirá un esfuerzo de mayor eficacia y eficiencia para erradicar la corrupción administrativa.

Los funcionarios públicos, que todavía no cumplen este requerimiento, exhiben esa cultura del “pero yo mando” que conduce a esa indiferencia negligente, en muchos casos, y maliciosa, en otros tantos.

La Ley debe ser para todos o para nadie. Los enojosos privilegios del encumbramiento contribuyen a reducir la imprescindible confianza entre gobernantes y gobernados. El Ministerio Público debe actuar, porque la ley es la única que debe mandar.