La política, que por  definición es la ciencia que trata del gobierno de las sociedades humanas, se practica más como el arte de adquirir y conservar el poder.

La observación, atenta de las decisiones públicas, nos remite a una lógica que sobrepone a las preocupaciones colectivas las necesidades particulares.

La elección de los funcionarios gubernamentales, por ejemplo. Los decretos con las designaciones se leen en los espacios partidarios con el mismo espíritu de la lectura de una lista de lotería. Las designaciones son más un premio que una responsabilidad.

Lo primero que se advierte es que la selección responde a la cultura del reparto. Las vacantes no se llenan atendiendo a la capacidad o experiencia, sino a la necesidad de cumplir una cuota con los partidos aliados.

Lo segundo es la expresión de una ley política no escrita inspirada en la primera ley de la termodinámica: el funcionario público se cambia, pero no desaparece ni se destruye,  sino que se conserva. La conservación se materializa en una inútil asesoría o en los injustificados viceministerios.   El que entra al servicio público no sale nunca, aunque no sirva para mucho.

Lo tercero, y más alarmante, es que descubrimos la inexistencia de un plan coherente de Gobierno, porque no es posible ninguna visión común entre personas con intereses políticos tan disimiles.

Lo último que descubrimos de la decepcionante lectura de los decretos es que la conformación del equipo anuncia las posibilidades de la acción. La desesperanza es el sentimiento más natural ante el reciclaje de nombres que tienen como única posibilidad la de realizar un trabajo mediocre.

La esperanza es lo único que se debe perder, pero la exhibición de pragmatismo político desplegado en los decretos nos recuerda que era verde y se la comió un pollino.

Las posiciones públicas siguen considerándose un botín de guerra electoral para repartirlo entre los soldados aliados. El tiempo pasó, pero la cultura pública sigue siendo a imagen y semejanza de aquella practica política que el escritor Rafael Damirón llamó “Política de amarre”.