El director del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria, Ysmael Paniagua, confirmó el traslado de Blas Peralta desde la cárcel de La Romana hacia el Centro de Corrección de Adultos Mayores.

Blas Peralta cumple un año de prisión preventiva como medida de coerción junto a otras tres personas, quienes están acusadas de la muerte a tiros del exrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Mateo Aquino Febrillet.

La noticia se hizo viral a través de las redes sociales. La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, reaccionó a través de la red social Twitter afirmando que “si era cierto que Peralta había sido cambiado de prisión, el Ministerio Público, apoderado del caso, lo desconocía por lo que entendía que la información tenía que ser falsa. También dijo que la acción violentaba la ley, debido a que el imputado no calificaba para estar en un lugar de ese tipo”.

En nuestro país existe una arraigada tradición de trato privilegiado a los recursos con alguna acumulación de poder fáctico a través de las relaciones políticas o por el dinero. En el caso de Blas Peralta, dirigente principal del sindicato que monopoliza el transporte de carga en el país, es la segunda ocasión que recibe el beneficio de un traslado. La primera vez fue movido de la cárcel de Higüey a La Romana.

La Dirección General de Prisiones, una dependencia de la Procuraduría General de República Dominicana, es el organismo facultado por la ley 224-84 sobre Régimen Penitenciario para decidir el traslado de reclusos mediante una orden firmada por el director general de Prisiones.

El Reglamento de Traslado indica los requerimientos y procedimientos que deben cumplirse para movilizar un interno de un recinto a otro. Las únicas causas contempladas son por razones disciplinarias, arraigo familiar, conveniencia procesal, seguridad o enfermedad. La justificación esgrimida en el caso de Blas Peralta fue su condición de diabético y el padecimiento de dos hernias.

La condición agravada de salud de los internos permite la autorización del traslado, previa certificación médica, hacia un centro de salud. La movilización de este interno hacia un centro perteneciente a un régimen especial para el cual no califica constituye una violación de las normas y un privilegio inaceptable.

Las autoridades deben responder varias preguntas: ¿Quién solicitó el traslado? ¿Quién ordenó el traslado? ¿Existe un informe médico para justificarlo? ¿Conocía el Procurador General de la República la decisión?