El aprendizaje es el resultado de la combinación de refuerzos positivos o negativos ante una conducta dada. Las abuelas lo saben, si queremos conseguir que los actos buenos se repitan hay que reforzarlos con estímulos positivos; por el contrario, si queremos que cualquier mala conducta termine tenemos que reforzarla con estímulos negativos. A un buen acto, un premio. A cada mal acto, un castigo.

Lo que vale para la persona a escala individual, también sirve para las personas en el nivel colectivo. La sociedad establece leyes con el propósito de reforzar negativamente, a través de las penas, toda conducta transgresora. Las leyes junto con los jueces forman lo que denominamos un sistema de consecuencias. Una sociedad que tenga leyes pero no jueces que decidan de acuerdo a ellas, no lo tiene.

En nuestro país tenemos abundantes leyes y contamos con un poder judicial que debería juzgar en consecuencia. Lo cierto es que muchas leyes no se respetan ni muchos jueces juzgan en función de ellas. Las que menos se cumplen y se juzgan son aquellas que tienen como propósito establecer controles al poder y los poderosos. La Declaración Jurada de Patrimonio, por ejemplo. El plazo para cumplir este norma venció. Todavía dos mil ciento ochenta y cinco funcionarios faltan por cumplir.

El incumplimiento de esta ley afecta los intereses de la sociedad, porque dificulta la defensa del patrimonio público. En la organización del Estado la institución llamada a actuar en representación de los intereses de la sociedad es el Ministerio Público. La Cámara de Cuentas informó que refirió la lista de los transgresores. Nada ha pasado. Ahora informa el contralor general de la República, Rafael Germosén Andújar, que se están coordinando acciones con la Prcuraduría General de la República para “motivar” a los funcionarios a cumplir con su responsabilidad.

La ley no contempla, vencido el plazo, ningún proceso motivacional. Cualquier funcionario que necesite ser motivado para cumplir con su responsabilidad no merece la función.

La ley indica que el servidor público que omitiere el cumplimiento de la declaración incurriría en faltas graves o de tercer grado de acuerdo con la Ley de Función Pública 41-08. La falta da lugar a la destitución del cargo. ¿Quién destituye?