La seguridad es el tema que más preocupa a los dominicanos. Las encuestas lo confirman una y otra vez. En los últimos cinco lustros el aumento de la inseguridad es evidente. El país pasó de vivir de puertas afuera a hacerlo de puertas adentro. El enrejado de las casas  cambió la fisonomía de las ciudades y la cultura de interacción de los ciudadanos.

La apertura al desconocido, extranjero o local, se redujo. La natural confianza del dominicano cedió el paso a la preventiva reacción de desconfianza. Los brazos abiertos para recibir, ahora se cierran para la defensa. Cualquiera es una amenaza. Este cambio conductual tiene consecuencias económicas. 

Somos un país turístico. El activo principal es la gente. Los visitantes resaltan nuestro trato. Cuando regresan a sus países de origen se llevan el recuerdo de alguien. Cuando retornan lo hacen, a menudo, por ese alguien. Cuando se pierde la confianza en los demás, también, se pierde la capacidad de inspirar confianza. Un pueblo desconfiado es un pueblo menos atractivo.

El comercio interno también sufre con la desconfianza que provoca la inseguridad. El noventa y cinco por ciento de las empresas de nuestro país son pequeñas y micro empresas. En una gran proporción son empresas informales. La dinámica de las relaciones de este tan especial entramado económico no se funda en la santidad de los contratos, sino en la fe depositada en los demás. La inseguridad  destruye esa fe.

El mercado de consumo funciona gracias a la movilidad ciudadana. El ejercicio del libre tránsito robustece la actividad económica. El desplazamiento continuo y sin trabas de los ciudadanos por los mercados es característica distintiva de las naciones prósperas. La delincuencia se apropió de los espacios públicos. El temor natural a ser asaltado restringe el desplazamiento y reduce el consumo.

Si el argumento económico no es suficiente, sí debe serlo el argumento humano. La vida es el bien superior que todos poseemos. La responsabilidad principal de un Estado es proteger la vida de sus ciudadanos.

El  Estado dominicano falla en el cumplimiento de esta responsabilidad.  El Estado dominicano perdió el monopolio de la fuerza. Para recuperarlo es imprescindible la reforma de las instituciones que la representan.