La Constitución indica, en su artículo 81.1, que los diputados serán ciento setenta y ocho elegidos por circunscripción territorial en representación del Distrito Nacional y las provincias, distribuidos en  proporción a la densidad poblacional.

La Junta Central Electoral había decidido, mediante la resolución No.06/2015, aplicar este mandato para las próximas elecciones. La decisión provocó la reacción negativa de todos los partidos políticos. La oposición a la medida fue motivada por la reducción de representates en algunas provincias, que por pérdida de densidad poblacional, contarían con menos plazas.

La cultura política nuestra es muy sensible a ese tema, porque la política aquí se hace para ocupar posiciones. Los dirigentes políticos que opinaron sobre el tema mostraron su desdén por el cumplimiento de la Constitución. La política clientelista no tiene miramientos con los normas si se oponen a la conveniencia.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó al Tribunal Superior Administrativo (TSA) suspender y declarar la nulidad de la resolución No.06/2015, que establece la distribución de diputados del Distrito Nacional y las provincias del país en las elecciones del 15 de mayo del 2016. El argumento de mayor peso de la instancia fue el de la falta de una norma con rango legal. El TSA acogió el pedimento y decidió la suspensión de la decisión.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) considera que la decisión de la JCE estaba apegada a la Constitución, porque por la ausencia de una ley corresponde al organismo electoral decidir amparado en la competencia reglamentaria que le otorga el artículo 212 de la Constitución.

La JCE aceptó el dictamen del TSA más por la falta de tiempo que por la pertinencia jurídica de la decisión. La sociedad ve con preocupación el constante sesgo de los tribunales del país cuando se trata de decisiones políticas que puedan afectar los intereses del partido oficial. El sistema democrático está fundado en el principio de igualdad para todos ante la ley. Lamentablemente, esto no es lo que está sucediendo en el país en los últimos tiempos.

  El Estado de derecho no será una realidad hasta que todos, sobre todo los propios tribunales de la República, decidamos respetar la Constitución.