El cambio de autoridades municipales puso en evidencia la falta de fiscalización en el uso de los recursos públicos presupuestados para el desempeño de las labores de los ayuntamientos. El descubrimiento de deudas cuantiosas, no muy bien asentadas en los sistemas contables de las alcaldías, hablan de una ejecución descontrolada.

La institución municipal es la expresión de gobierno más cercana a los ciudadanos. Las responsabilidades de un alcalde reproducen en pequeña escala muchas de las responsabilidades que a escala nacional competen al poder ejecutivo. El fallo funcional de los ayuntamientos tiene inmediata repercusión en la calidad de vida de los munícipes.

El reconocimiento de su importancia condujo a la aprobación de normativas para robustecer su autonomía presupuestaria. El avance en el cumplimiento de la asignación de recursos pautado por ley ha sido inconsistente. Los ayuntamientos reciben menos de lo que debieran, pero también gastan muy mal lo que reciben.

El despilfarro de recursos de los alcaldes incapaces y la malversación de fondos de los corruptos hacen difícil la defensa de una mayor provisión presupuestaria. Los informes anuales de la Cámara de Cuentas sobre las grandes deficiencias en la ejecución presupuestaria de los ayuntamientos son proverbiales. El fracaso administrativo de nuestro sistema político se pone en evidencia en los gobiernos municipales.

La responsabilidad es compartida. Los excesos en el ejercicio de las competencias del alcalde y la genuflexión de las salas capitulares se combinan para producir el desbarajuste financiero que con cada cambio de autoridad municipal se hace público. El problema no es normativo. La ley que regula el régimen municipal dominicano es lo suficientemente abarcadora como para cubrir todos los aspectos de actuación institucional. El problema es de los actores políticos.

En el predominio de la cultura de compromisos antidemocráticos para la elección de los bufetes directivos de los concejos municipales se incubó el mal de la ausencia absoluta de controles para garantizar la buena marcha administrativa de los ayuntamientos.

Esperamos que ahora, después de sepultar la “regla de oro”, con la expresión del voto democrático de los ediles se imponga también la actuación responsable de las fuerzas políticas que garantice el escrupuloso uso de los recursos públicos en el mejor interés de los munícipes.