La seguridad es la principal preocupación de los ciudadanos y la misión fundamental de un Estado.

La percepción de inseguridad crece con los atrevidos actos de delincuencia que nos sorprenden a diario.

El asalto a una funcionaria del Estado, Zoila Martínez, defensora del pueblo, confirma que nadie puede sentirse seguro.

La agencia EFE compartió el resultado de una encuesta realizada en el primer trismestre de este año que confirma que el país posee el porcentaje  más alto de hogares víctimas de la delincuencia en Centroamérica y el Caribe. El 25 % indicó que había sido víctima de la delincuencia en los treinta días previos a la encuesta.

Este resultado contrasta con las estadísticas contenidas en el informe del Observatorio de Seguridad Ciudadana publicado por el Consejo de Seguridad Ciudadana que muestran reducciones importantes de los actos delictivos.

La baja calidad de las estadísticas sobre delincuencia suministradas por los organismos competentes constituyen el primer obstáculo para el diseño de efectivas políticas públicas de seguridad.

La solución de cualquier problema comienza con la aceptación de la realidad. Las autoridaes tienden a maquillar las cifras para solucionar en el papel lo que no encuentra solución en las calles.

La voluntad política falta para acelerar los imprescindibles pasos para planificar, organizar, ejecutar y controlar acciones públicas en materia de seguridad.

En meses recientes el Poder Legislativo aprobó una Ley de Reforma de la Policía Nacional que representa un primer paso en el camino correcto, pero todavía falta la aprobación del reglamento que hará aplicable la norma.
La norma, claro está, no es suficiente par sacar a la Policía Nacional del colapso en la que se mantiene sumida por años de descuido.

El rediseño normativo tiene que continuar con la asignación de los fondos necesarios para una transformación profunda. El Presupeusto General de la Nación remitido al Congreso, lamentable mente, no asignó los recursos necesarios para la tarea transformadora.

No podemos esperar resultados diferentes mediante las mismas acciones. El Gobierno debe darle a la seguridad la prioridad que le dan los ciudadanos.