Los esfuerzos para erradicar la corrupción pública requieren el establecimiento de una cultura de transparencia. La aprobación de la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio tiene como objetivo principal la promoción de la gestión ética.

La reiteración realizada por la Cámara de Cuentas sobre la resistencia que muestran miles de funcionarios a cumplir con el mandato de declarar su patrimonio indica la ausencia de voluntad para aplicar el sistema de consecuencias previsto en las normas.

La presión de la sociedad a través de los medios de comunicación no ha logrado conseguir que la máxima autoridad del país se interese en exigir el cumplimiento. El desinterés estimula la reproducción de la transgresión.

En el capítulo de las sanciones la ley es clara con respecto a las consecuencias de que un funcionario obligado a realizar la declaración no lo haga. La sanción por omitir la responsabilidad es la destitución del cargo. Hasta ahora nadie ha perdido su puesto.

En los días iniciales del incumplimiento la culpabilidad principal recaía sobre el infractor. Los días se convirtieron en meses y los meses en años. La inacción de los superiores se convirtió en complicidad. La transgresión está protegida bajo el paraguas de la impunidad.

La propia norma ordena el establecimiento de una Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Empleados Públicos, como organismo especial de la Cámara de Cuentas, con la responsabilidad de controlar el cumplimiento y verificar la información.

La falta de respuesta del funcionario público al requerimiento en la forma y los plazos establecidos en la norma provoca que la declaración se repute como no depositada. La Cámara de Cuentas debe comunicar el incumplimiento a la Procuraduría General de la República.

La identificación de las instituciones responsables de la correcta aplicación de la norma es importante para conseguir mover por la vergüenza lo que no se movió por la responsabilidad. La Procuraduría General de la República tiene la mayor cuota de responsabilidad del incumplimiento. Francisco Domínguez Brito no se ha pronunciado sobre este tema.

La sociedad ha decidido presionar a través de todos los medios disponibles. En las redes sociales circula una campaña que pide al presidente Danilo Medina no tomar en cuenta, para repetir en los cargos, a ningún funcionario que no haya cumplido con este requisito. Apoyamos esa campaña.