Francisco Domínguez Brito, procurador general de la República, indicó que no vale la pena apelar la decisión de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia que favoreció con un ¨no ha lugar¨ al senador Félix Bautista porque él no cree en la justicia. La posición de Brito como ciudadano debe ser respetada, pero esa misma posición como Procurador no es aceptable.

La función de Ministerio Público, de acuerdo con la Constitución, es la de ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Las decisiones en ese organismo no deben ni pueden ser tomadas en función de los criterios personales del funcionario de turno. Domínguez Brito, como Procurador, se debe a la sociedad dominicana. 

La sociedad dominicana, en su mayoría, expresó su deseo de que la lucha en contra de la impunidad y la corrupción se lleve hasta las últimas consecuencias. Las organizaciones de la sociedad civil como el Centro Juan XIII, ADOCCO, Poder Ciudadano y Participación Ciudadana pidieron la casación.

Los medios de comunicación, a través de sus editoriales y artículos de opinión, pidieron la casación. La Iglesia católica y las congregaciones evangélicas, en sus homilías y sermones, presentan el hambre y sed de justicia de nuestro pueblo.

Lo honroso de cualquier lucha no radica en la victoria, sino en el compromiso perseverante en el cumplimiento de la responsabilidad. La lucha para acabar con la impunidad y la corrupción es la más difícil de todas las que tenemos que emprender.

El requerimiento primordial para todos aquellos que llevan la vanguardia de la misma es el poseer una energía incombustible. Los líderes no son seguidos por sus pueblos porque ganan todas las batallas, sino porque no se rinden nunca.

Según lo consignado en el Código de Procedimiento Penal las decisiones con las que no estemos de acuerdo deben ser recurridas en un plazo no mayor a treinta días laborables. 

El plazo comenzó a correr desde el mismo día de la lectura de la sentencia. El Procurador tiene veintisiete días hábiles para elevar la apelación ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia.

El procurador está en el deber de concluir lo que inició. De hacerlo así no perdería nada. Si gana el caso, la sociedad sería reparada.

Si pierde el caso por motivos no jurídicos, le habrá demostrado a la sociedad que su apreciación sobre la justicia era cierta.