La transparencia es un tema del que mucho se habla, pero que se practica poco en el país. La opacidad en el manejo de los asuntos de mayor importancia para la vida nacional es una constante.

La democracia requiere de una ciudadanía informada para funcionar al servicio del interés colectivo. La asimetría del conocimiento genera ventajas especiales para aquellos que manejan información privilegiada.

En un país de instituciones débiles y carente de un sistema de consecuencias es fácil aceptar la tentación de convertir la información en oportunidad para el provecho propio.

El ejercicio del poder soberano concedido al pueblo por la Constitución no puede hacerse efectivo si no se informa con regularidad y pertinencia sobre todos los asuntos de interés público.

Las decisiones que implican comprometer los recursos financieros presentes y futuros del país son las que más necesitan del conocimiento y aprobación ciudadana.

El pueblo es mandante y el funcionario mandatario.  La obediencia del segundo a la voluntad del primero es una condición para la buena gobernanza.

Nuestra cultura política personalista y autoritaria confunde los términos, generando la anomalía de mandatarios que obedecen poco o nada y mandan mucho.

El que manda solo no quiere responder ante nadie. El secretismo se impone en las decisiones y con él se instala la falta de transparencia.

El sector eléctrico, por ejemplo, adolece de transparencia. Las decisiones de inversión se toman sin casi ningún debate público. Las plantas de carbón son el botón de muestra. ¿Quiénes decidieron que eran  la mejor alternativa técnica o financiera?

La decisión fue tomada sin participación de los actores del sector, ni de los ciudadanos. Las consecuencias de ese proceder poco transparente comienzan a notarse. Los problemas que confronta la empresa constructora y el banco que otorgaría el financiamiento comprometen la terminación de la obra.

El Gobierno debe actuar con transparencia y dar explicaciones sobre la situación financiera de las obras en Punta Catalina.