El poder ejecutivo y legislativo de Haití, con la mediación de la OEA, llegó a un acuerdo para poner fin a la crisis política provocada por la ausencia de una autoridad electa que pueda sustituir al presidente saliente Michael Martelly. El pacto contempla un gobierno provisional que deberá organizar unas elecciones en los próximos ciento veinte días.

La buena noticia es que las partes en conflicto llegaron a un acuerdo. La mala noticia es, precisamente, lo acordado. La crisis política fue creada por el accidentado proceso electoral en el que hubo graves irregularidades que comprometieron la confiabilidad de los resultados.

Los centros de votación abrieron con retraso y la participación de los electores fue baja. La lista publicada de ganadores no superó el diez por ciento de los puestos en competencia. La primera vuelta presidencial mostró un mayor grado de desorganización. La  totalidad del medio centenar de candidatos de la oposición rechazaron los resultados de la Comisión Electoral Provisional (CEP).

La violencia desatada en las calles obligó a la conformación de una comisión para estudiar las debilidades del proceso. Los resultados encontrados explicaron el desastre: personal mal entrenado, actas incompletas, votos emitidos sin firma, dislocamientos, ausencia de listas de electores, cierres de centros de votación y extensión de los horarios de votaciones. Las protestas volvieron a tomar las calles y provocaron la suspensión de la segunda vuelta.

La comunidad internacional, preocupada por la posible involución del proceso de democratización de Haití, intervino como facilitador de una solución. El Consejo Permanente aprobó una misión de la OEA, encabezada por Ronald Sanders, que trabajó con sentido de urgencia para arribar a una solución antes de la fecha de término del mandato constitucional del presidente Martelly. El acuerdo se logró, pero es más un intento de salvar el vacío constitucional de una falta de sucesión que una solución real a la crisis política.

Las razones de la poca confianza que inspira el acuerdo obedecen a los plazos poco realistas para alcanzar el objetivo de organizar comicios confiables y obtener la elección de un nuevo presidente sin cuestionamientos. No creemos que en el breve plazo de ciento veinte días puedan remediarse las deficiencias institucionales que aquejan a las autoridades electorales haitianas.

Haití no podrá organizar elecciones creíbles sin un organismo electoral permanente que cuente con recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para completar la tarea. La comunidad internacional de nuevo vuelve a mostrar su falta de compromiso con una solución de fondo y de largo alcance al problema haitiano.