En el evento inaugural de la Cámara de Comercio para la comunidad LGBT, la directora de la USAID en República Dominicana, Alexandria L. Panehal declaró que está creando un fondo de un millón de dólares para fortalecer la agenda de la comunidad LGBT y también para apoyar a candidatos políticos que la respalden. El segundo objetivo del fondo merece atención y análisis porque representa una injerencia indudable de una agencia extranjera en nuestro proceso político interno.

La USAID y el país han mantenido una fructífera cooperación en temas de interés común y de gran importancia para el desarrollo integral de nuestras capacidades. Esos temas de interés cubren la promoción de la prosperidad económica, fortalecimiento de la gobernanza, protección de los derechos humanos, mejorar la salud y garantizar la sostenibilidad ambiental.

En la larga relación con nuestro país desde la fundación de la agencia por orden ejecutiva del presidente John F. Kennedy en 1961 no ha estado dentro de la linea de actuación el apoyo financiero para actividades relativas a la política partidista y electoral. La razón es simple, la USAID es una agencia gubernamental extranjera y su participación en actividades de patrocinio político vulneraría principos jurídicos de nuestro sistema normativo.

La Constitución vigente consagra la inviolabilidad de la soberanía y el principio de no intervención. Los poderes públicos no pueden realizar o permitir que se realice ningún acto de intervención directa o indirecta en asuntos internos o externos del país. Además, todos los ciudadanos tienen el deber de abstenerse de realizar todo acto perjudicial a la estabilidad, independencia o soberanía de la Nación.

La confesión de la señora Alexandria pone en evidencia que su agencia está actuando contrario a las leyes del país. No hay duda de que cualquier  organización política o candidato que acepte financiamiento de una agencia internacional a cambio de promover ideas extrañas a nuestra realidad estaría atentando contra los intereses nacionales.

Las autoridades nacionales deberían reaccionar para marcar los límites de lo que sería una acción diplomática aceptable y lo que representaría una grosera injerencia que el pueblo dominicano no está en disposición de aceptar.