El país necesita un Pacto Fiscal. Esta necesidad no debe estar justificada por los apremios financieros del Gobierno, sino por los desequilibrios históricos de nuestra política fiscal.

La Estrategia Nacional de Desarrollo incluye como prioridad este Pacto Fiscal junto al Eléctrico y el Educativo. Los actores productivos y los ciudadanos reponsables con el fisco son los primeros en reconocer los inaplazables ajustes al sistema.

El sentido de urgencia del Gobierno es lo que llama a suspicacia, porque nadie nota la misma voluntad de cerrar con carácter tan inmediato la discusión del Pacto Eléctrico.

Los buenos propósitos se desnaturalizan cuando son impulsados por intenciones egoístas. El Gobierno está utilizando toda su influencia comunicacional para imponerle como prioridad a la opinión pública este tema fiscal.

El tema fiscal, hay que decirlo, es un tema de minorías. El ciudadano promedio lo único que sabe de fiscalidad es que no quiere más impuestos. La mala experiencia con los reiterados parches tributarios provocaron esa mala voluntad instintiva a cualquier discusión sobre impuestos.

El Gobierno promete que en esta ocasión el resultado del Pacto Fiscal no supondrá la creación de nuevos impuestos o una mayor carga para los ciudadanos. No sabemos cómo se puede lograr cumplir esa promesa.

En el pasado todo esfuerzo de discusión terminó con ventajas para el erario. El espacio de reforma sin aumento o creación de nuevos impuestos es muy estrecho. Las mejoras administrativas, la reducción exenciones y la eliminación de la elusión son el único repertorio de medidas disponibles.

La prisa no es buena consejera, así que debemos esperar el tiempo oportuno para inciar esta discusión. El traumático proceso electoral dejó una sensación general de debilidad institucional.

La deteriorada confianza en los partidos políticos y en las instituciones arbitrales colocan como prioridad la discusión de un acuerdo político que restaure la esperanza en un mejor porvenir democrático.

El rol jugado en las últimas elecciones provoca una natural resistencia a trasladar más riqueza de los actores productivos al Estado.