El Gobierno anunció que pretende vender acciones de las plantas de carbón mineral que se construyen en Punta Catalina. El objetivo es obtener un “alivio financiero” de mil millones de dólares para apuntalar el presupuesto del próximo año.

La necesidad de financiamiento requerido para sustentar el gasto estimado del Gobierno supera los tres mil millones de dólares. Las autoridades financieras del país están conscientes de la imposibilidad de conseguir esa cantidad de recursos en el mercado financiero local o internacional.

La idea contable que sustenta la decisión de venta de las plantas de carbón es simple: el Gobierno decidió convertir un activo de largo plazo en activo líquido de corto plazo. La táctica contable se justifica desde el punto de vista de la estrategia financiera, pero es de difícil justificación desde la perspectiva de la estrategia energética.

Las decisiones económicas familiares, empresariales o gubernamentales, para completar las necesidades financieras, tienen tres alternativas: pedir prestado, vender activos o una combinación de ambas. La única opción de venta de activos rápida que posee el país son estas plantas de carbón.

La argumentación utilizada por la presente administración para justificar el esfuerzo financiero que representa la construcción de las plantas de carbón fue que permitiría el fortalecimiento de la posición negociadora pública frente a los generadores privados para la renovación de los contratos de compra y venta de energía; reduciría el costo de producción de energía; y evitaría la utilización de los apagones financieros como táctica de cobro de facturas vencidas.

El proyecto de Punta Catalina desde su origen fue concebido y presentado a la administración de Leonel Fernández como una iniciativa privada. El presidente Danilo Medina y Rubén Bichara lo convirtieron en una iniciativa enteramente pública. La decisión de permitir la entrada del capital privado al proyecto representa un absoluto cambio de estrategia.

El momento es propicio para que las autoridades lleven claridad suficiente sobre un proyecto que se distingue hasta ahora por su gran opacidad. El país espera una explicación convincente sobre las razones de hacer privado lo que se dijo convenía que fuese público.