El 64% de los hogares dominicanos de las provincias limítrofes con Haití (Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco) no tienen servicio de agua corriente, en pleno Siglo XXI.

En el 53% de las viviendas aún se utilizan letrinas, dato que salió a relucir ayer en un debate sobre la Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo.

Para Greidys Roa, investigador de la Unidad de Políticas Publicas del Observatorio Político Dominicano (OPD), adscrito a la Fundación Global, Democracia y Desarrollo (Funglode)  “La Ley 28-01 sobre Desarrollo Fronterizo es la iniciativa que más ha ayudado a impulsar el crecimiento de la frontera”.

Sin embargo, consideró que se ha quedado corta frente a sus objetivos y que es necesario una reforma integral que contemple la participación  y el respaldo de todas las áreas productivas de la nación.

Destacó que la provincia de Montecristi es la que cuenta con mayor número de empresas y que la razón de esto es el puerto de Manzanillo y su dinamismo en torno a la producción bananera. A esta provincia le siguen Dajabon y Santiago. La Ley  28-01 tiene 14 años de su promulgación y desde sus inicios muchos de los sectores involucrados la ven como  un controversial instrumento de desarrollo.

Por esta razón, varias entidades pusieron ayer en blanco y negro la perspectiva de los planes de desarrollo fronterizo en el país, en el panel Balance y Perspectiva del Desarrollo Fronterizo en República Dominicana.

La discusión estuvo convocada por el OPD, Funglode y la Dirección General de Desarrollo Fronterizo.
Los participantes abogaron por una mayor promoción del desarrollo en la zona y la revisión de la legislación, que incentiva a las industrias que se instalan allí con la exoneración de impuestos.

Greidys Roa resaltó que el lento desarrollo del área limítrofe con Haití se refleja en la vulnerabilidad  a la que están expuestos miles de dominicanos en la zona.

En el encuentro entre empresarios y profesionales, se expuso el cuadernillo del OPD “Balance de la Ley de Desarrollo Fronterizo: entre el olvido y la necesidad de progreso, realizado por Roa.

Opiniones de la ley

Un punto sobre la mesa es si la Ley 28-01 genera competencia desleal. El autor del estudio recaudó tres opiniones encontradas. Una de ellas fue la de    Sarah Burgos, gerente técnica de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), quien manifestó que la legislación “es discriminatoria y discrecional y representa una amenaza comercial para las demás industrias que cumplen con sus obligaciones, constituye un ejemplo de lo que significa inequidad fiscal y competencia desleal”.

En cambio, los senadores de las provincias que conforman la zona fronteriza entienen que ese trato especial no impulsa a una  competencia desleal. El representante de la provincia Independencia, Juan Orlando Mercedes, sostiene que “no hay ninguna competencia desleal porque a nadie se le impide que vaya a instalarse allí, cualquier empresa del sector privado puede entrar dentro del régimen de exenciones de la Ley 28-01”.

Pero Dionis Sánchez, senador por Pedernales, entiende que la ley debe ser reformulada en dirección de equilibrar sus beneficios  en todas las provincias.

Las conclusiones

En el panel participó Miguel Bajarán,  titular de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), quien sostuvo que el desarrollo de la frontera implica una visión  multidimensional e inclusiva, mediante el análisis de las condiciones de vida de sus habitantes. “Hay que interiorizar en su bienestar, asumiendo el empleo y la generación de oportunidades como un reto”.

Al respecto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Rafael Paz, destacó que “lograr un desarrollo sostenible conlleva la colaboración multilateral de actores que contribuyan con sus competencias y recursos a crear beneficios equitativos para todos”.

En la exposición se concluyó que la ley no es suficiente para el desarrollo fronterizo, pues se necesita mayor equidad, sectorizar incentivos y mecanismos, explotar el turismo, dar mayor publicidad de los beneficios de la ley para atraer mayor inversión, mayor gasto público del gobierno en educación, la construcción de carreteras y puentes en la parte sur. Insistieron en que la Ley 28-01 requiere modificación, no su eliminación.