De la caja de pandora que abrió el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, con su denuncia contra cuatro jueces que supuestamente alteraban procesos judiciales movidos por intereses particulares, varios monstruos han brotado, como el que ahora apunta a tres grandes de la política y del Poder Judicial.

Teas la afirmación de la suspendida jueza Awilda Reyes, de que favoreció con la libertad a un acusado de sicariato por órdenes superiores, su abogado, Tomás Castro, le puso nombre ayer a los tres supuestos titiriteros: el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado; el exprocurador general Radhamés Jiménez, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán; todo según la interpretación del jurista, a título personal.

“El regidor (Erikson de los Santos) es del PRD y es una persona que reviste importancia para la estructuración del PRD en esa circunscripción; entonces Miguel (Vargas Maldonado) era (el) que había solicitado que quería que esa persona estuviera en libertad y eso vino por ahí”, aseguró Castro.
Sostiene que la alianza PLD-PRD para las elecciones de 2016 parió el acuerdo que disparó el dispositivo para la orden “superior”, que llegó a la jueza Reyes, de variar la medida de coerción del acusado, que guardaba prisión.

“Radhamés (Jiménez) es el director del Departamento Jurídico del PLD. Y entonces, como era lógico, él tiene cierta influencia en la judicatura y él también actúa bajando línea y tomando participación en algunos aspectos; él estuvo muy de cerca con la solución de ese caso”, agregó el defensor.
Todas estas órdenes, aseguró, llegaron a través del juez renunciante Francisco Alberto Valera Arias, miembro del Consejo del Poder Judicial. “El magistrado renunciante es quien le da las instrucciones a la magistrada y dice que estaba actuando en nombre del presidente de la Suprema, pero ella nunca recibió instrucciones directas del presidente de la Suprema, porque el presidente de la SCJ no se va a poner a llamar a ningún juez”, dice Castro, para completar la tríada de los supuestos orquestadores de la red de corrupción de las sentencias.

La jueza investigada fue convocada a acudir este miércoles ante la Inspectoría General del Consejo del Poder Judicial, confió Castro, quien insiste en que su defendida no fue más que una pieza del ajedrez político. “Son elementos políticos que vinculan necesariamente la decisión de ponerlo en libertad con las apetencias y los acuerdos arribados entre esos dos partidos, no hay que ir a Harvard para saberlo”, dijo.

Lo niega

El exprocurador Radhamés Jiménez Peña mostró su “más absoluto rechazo” a las acusaciones, que calificó de  “alusiones interesadas y perversas”.
“Nunca he participado, ni personalmente, ni a través de nadie en ningún caso que tenga que ver con narcotráfico, lavado de activos y mucho menos, crímenes de sangre”, se defendió en un comunicado.
“Igualmente, como funcionario público combatí con todas mis fuerzas todo lo relacionado con esos crímenes. Nunca he solicitado ni al Ministerio Público, ni mucho menos a Jueces, que intervengan en ningún caso particular, mucho menos en el caso en cuestión”.

Así  lo dijo:  Abogado de la jueza Awilda Reyes
“Todo el que se ha mencionado tendrá necesariamente que declarar”.

Radhamés Jiménez
“Como funcionario público combatí con todas mis fuerzas todo lo relacionado con esos crímenes. Nunca he solicitado ni al Ministerio Público, ni mucho menos a Jueces, que intervengan en ningún caso particular”.