La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, Adocco, respaldó hoy el proyecto de ley sometido al senado por el senador José Rafael Vargas, que "procura quitarle competencia al Tribunal Superior Electoral para conocer las solicitudes de rectificaciones de las actas del estado civil".

En opinión de Adocco, la "ineficacia demostrada por esa alta corte, ha provocado enormes problemas a miles de ciudadanos que requieren de ese servicio para resolver errores que en la mayoría de los casos son mecanográficos y ortográficos en sus actas de nacimiento, matrimonio y defunción".

Julio Cesar De la Rosa, coordinador general de Adocco, indicó que la propuesta del senador tiene "gran valor", y que la misma traería la novedad de que en vez de los tribunales de primera instancia en sus atribuciones civiles como ocurría antes, sean los juzgados de paz quienes tendrían esas atribuciones.

Ello, agregó, "ampliaría significativamente la oportunidad de que los ciudadanos tengan acceso rápido y gratuito a la justicia", lo que en el "actual esquema no es posible", en vista de que el Tribunal Superior Electoral, opera en el Distrito Nacional y los juzgados de paz en cada uno de los municipios de la geografía nacional.

"En el actual esquema se hace imposible lograr los propósitos fundamentales de la justicia hacia los ciudadanos que son la accesibilidad, gratuidad y prontitud, ya que los que requieren del servicio de rectificación de actas del estado civil, tienen que depositar los expedientes en la junta municipal del lugar de procedencia del interesado", explicó.

Luego, indicó, debe hacer las diligencias en la sede del TSE, lo que implica que el usuario tenga que trasladarse a la capital con lo que implica económicamente, sin contar con la "tradicional burocracia" que ocasiona que muchos expedientes luego de depositado en la junta correspondiente pasa tiempo para tramitarlo al Tribunal Superior Electoral.

"Estamos seguros de que el proyecto de ley que pretende pasar a los juzgados de paz el conocimiento de las demandas de rectificaciones de actas del estado civil, encontrará pleno respaldo de la ciudadanía y sobretodo de abogados", agregó.

Adocco recordó que la competencia para conocer ese tipo de demandas fue otorgada al Tribunal Superior Electoral a través de una ley de 2011.

Si bien ha recibido 23,238 expedientes, de los cuales han salido 15,792 sentencias, conforme a las informaciones servidas por el Departamento de Rectificaciones de Actas de la alta corte, "es cierto que eso le ha representado a esos ciudadanos pérdida de tiempo, así como grandes inversiones en traslados y pago de honorarios a abogados", explicó.

A juicio de De la Rosa Tiburcio, el TSE, no quiere soltar esa labor, porque sabe que eso "significaría una reducción de su presupuesto", que además de cubrir los altos salarios de sus jueces, "es en esa labor donde justifica su razón de existencia", ya que "sus operaciones contenciosas son mínimas", por lo que de aprobarse como espera se apruebe el citado proyecto, quedaría el TSE con pocas actividades que realizar.

Un hecho, advirtió, que deberá tomarse en cuenta ante una modificación a la constitución que ese tribunal desaparezca y que esas atribuciones la asuma una instancia conformada por jueces de cortes, que se conforme previo a los procesos electorales y de manera ocasional cuando haya que dirimir un litigio de partido político, evidentemente con la existencia de la ley de partidos políticos y procesos electorales.