La Fundación Prensa y Derecho advirtió hoy que el denominado "contrato oculto" para la construcción de las plantas a carbón no cumple con el trámite preceptivo de someter a concurso la obra ni remite el contrato al Congreso como ordenan los artículos 93 y 128 la Constitución.

Por este motivo, la organización considera que viola la Constitución y la Ley de Contrataciones Públicas, porque "se pretendió convertir un poder de representación del Presidente de la República en un acto de adjudicación, obviando los principios de transparencia, objetividad, igualdad y publicidad".

Así lo expresó el presidente de la entidad, Namphi Rodríguez, quien aseguró que ese procedimiento puede generar consecuencias imprevisibles porque contiene cláusulas lesivas a los intereses del país, como las que disponían que el Estado debía adquirir las plantas si no resultaban rentables para los inversionistas.

Según explicó, el contrato debió remitirse al Congreso tras una licitación pública, porque jurídicamente se trata de una concesión mediante la cual el Estado se compromete a comprar a la empresa concesionaria 600 megavatios de energía, con lo cual, se comprometen los recursos del erario, que acabarán pagando los consumidores.

"Es un acto de inconstitucionalidad e ilegalidad grave que requiere que se establezcan las consecuencias de quienes han excedido sus competencias porque se ha violado la Constitución y se ha comprometido la figura del Presidente de la República", dijo.

La Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CEDEE) utilizó un poder del presidente Danilo Medina para beneficiar a la empresa Pinegy Comercial Group con la construcción del proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina, en Baní, por un monto de 2,000 millones de dólares.

Rodríguez adujo que con el "procedimiento viciado" se echaron por la borda las pautas de legalidad administrativas y constitucionales para beneficiar a una empresa dudosa, "se pasó el umbral de la institucionalidad y aquí hay abuso y desviación de poder", censuró Rodríguez.

Agregó que el Gobierno tendrá que explicar cómo es que una empresa dedicada originalmente a actividades agropecuarias, publicitarias y de venta y alquiler de inmuebles puede ser adjudicataria de una obra tan especializada.

"Eso tiene que acarrear consecuencias, no puede ser que en momentos en que el Presidente habla de transparencia y honestidad pública se dejen pasar estos actos dudosos como el que ve llover, a pesar de que la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico plasman criterios objetivos para ese tipo de obras", opinó.