El gobierno venezolano logró anoche un espaldarazo de parte de la Asamblea General de la OEA, celebrada en República Dominicana esta semana, con la aprobación del llamado al secretario general del organismo, Luis Almagro, a respetar la institucionalidad, una decisión que cuestiona su actitud frente al país sudamericano.

Esta resolución, que pone en entredicho el comportamiento del titular de la OEA, a la hora de decidir aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela, mejora las posibilidades con las que acudirá al gobierno del presidente Nicolás Maduro a la sesión del Consejo Permanente de la OEA, pautada para el próximo 23 de junio.

Entre bostezos y de brazos cruzados, Almagro escuchó la cuenta de 19 votos a favor y 12 en contra de la solicitud de la canciller venezolana Delcy Rodríguez, quien minutos antes había expresado: “Yo llamo aquí a que se discuta el comportamiento del secretario general y su posición abusiva, ilegal y fraudulenta sobre Venezuela. Es inadmisible lo que este señor está haciendo contra mi país (…) Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario de esta organización se parcializa a favor de factores opositores en Venezuela que pretenden derrocar el Gobierno legítimo y constitucional del presidente Nicolás Maduro. Pruebas irrebatibles de cómo tiene una posición intervencionista en los asuntos internos de Venezuela, mandatado por Washington”.

Para Rodríguez, la decisión tomada en el cierre de esta 46 Asamblea General de la OEA, significó “un paso más para el fortalecimiento de esta institución. Vamos enmendando la historia en el camino”.

En ese sentido, Almagro, en declaraciones a la prensa dijo, “nosotros tenemos plena tranquilidad y certeza respecto al camino que hemos elegido para realizar el trabajo en secretaría general de la Organización de Estados Americanos”.

Declaración de Santo Domingo

En la Declaración de Santo Domingo, un documento de 38 puntos, los países de América aprobaron encaminar sus gobiernos hacia el cumplimiento de los objetivos y metas de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y los objetivos del Acuerdo de París.

Acordaron también promover el cumplimiento del compromiso adquirido en la Declaración sobre la aplicación del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en América Latina y el Caribe.

Además, “fomentar modelos para el desarrollo y el crecimiento económico más inclusivo, resistente y sostenible, con prácticas de responsabilidad social y ambiental”.