La ONG Amnistía Internacional presentó ayer su Informe Anual de Derechos Humanos.

Los resultados constituyen un asalto global a las libertades, ya que las estructuras para salvaguardar los derechos humanos que la comunidad internacional ha construido en los últimos 70 años están en peligro por la falta de voluntad de los gobiernos para protegerlas, alerta el secretario general de AI, Salil Shetty.

Y aunque reconoce avances en muchas zonas, calcula que en 122 países se registraron torturas o malos tratos, que en al menos 19 se perpetraron crímenes de guerra u otras violaciones de las leyes bélicas, y que en al menos 113 países se restringió arbitrariamente la libertad de expresión y de prensa.

“El hecho de que estemos presenciando el estallido de tantas crisis nuevas sin que se haya resuelto ninguna de las anteriores ilustra claramente la falta de capacidad y de voluntad política para poner fin a los conflictos, y más aún para prevenirlos. El resultado es una proliferación alarmante de la impredecibilidad y de la impunidad”, sostiene António Guterres, alto comisionado de la ONU para los Refugiados.

América Latina

En el contexto de las Américas se señala una clara y preocupante “tendencia regresiva”, destacando la vergonzosa cifra: ocho de los diez países más violentos del mundo se encuentran en América Latina y el Caribe y en cuatro de ellos –Brasil, Colombia, México y Venezuela– se cometían uno de cada cuatro homicidios violentos al nivel mundial, destaca al respecto Roberto Morales, presidente de Amnistía Internacional en Chile.

La combinación de discriminación, violencia, desigualdad, conflicto, inseguridad, pobreza, daños medioambientales, la arraigada “cultura de la impunidad” y la falta de garantías respecto a la justicia amenazan la protección de los derechos, señala el informe y reprocha que las autoridades “emplearon reiteradamente respuestas militaristas” para hacer frente a problemas sociales y políticos.

La asociación también percibe un aumento en los abusos de derechos humanos cometidos no solo por el crimen organizado, que aprovecha los vacíos de poder que las autoridades no cubren, sino también por parte de las multinacionales.

“Somos la región que tiene un mayor número de conflictos socioambientales, que particularmente están afectando a poblaciones indígenas y otras minorías étnicas”, ya que “las multinacionales se están apropiando de sus territorios y sus recursos naturales”, sostiene Erika Guevara, directora para América de Amnistía Internacional.

Además, en 2015 aumentó la violencia contra aquellas personas que defienden el derecho a la tierra y a los recursos naturales, mientras “la respuesta del Estado ha sido de encubrimiento” a las multinacionales, “que en ocasiones utilizan grupos paramilitares o que están ajenos al Estado de derecho para perpetuar estos abusos”.