La precaria democracia interna de los partidos en la escogencia de los candidatos, la desproporcionada competencia entre oficialismo y oposición, la propensión al uso de los fondos públicos a favor de proyectos políticos tanto en el Poder Ejecutivo como en los ayuntamientos, y el desbordamiento en tiempo y alcance de la campaña electoral, sin mecanismos de control sobre el financiamiento, son elementos que amenazan la legitimidad de las elecciones del 15 de mayo de 2016.

Esta clarinada admonitoria surge de uno de los cinco integrantes del órgano rector de los comicios, José Ángel Aquino.

“Las perspectivas de un proceso electoral en el cual se pueda lograr una adecuada equidad electoral no lucen muy promisorias”, advirtió Aquino en una conferencia que tituló “Retos institucionales y perspectivas: elecciones dominicanas 2016”.

“Aunque es probable que después que se dicte la proclama electoral se adopten algunas medidas simbólicas respecto del uso de los recursos del Estado o el acceso a los medios de comunicación estatal, estas disposiciones serían tan tardías y limitadas que tendrían poco efecto en fomentar una participación política equilibrada y justa”, opina el miembro de la Junta Central Electoral, quien expuso sus criterios ante el Foro Político Social de la Fundación Friedrich Ebert.

En una enumeración de los puntos más vulnerables de la carrera hacia los comicios de 2016, que por primera vez desde 1994 juntan los niveles presidencial, legislativo y  municipal, Aquino presenta como “un reto importante para el órgano electoral”, lograr un equilibrio en el acceso al financiamiento y a los medios de comunicación entre los aspirantes a los cargos públicos.

“Este es un reto más urgente en la medida en que una sola candidatura presidencial tendrá acceso a más del 80% de la contribución pública que consagra la ley”, aduce, sin citar de forma directa la alianza del Partido de la Liberación Dominicana con el Partido Revolucionario Dominicano, en busca de la reelección del presidente Danilo Medina.

A continuación, resalta el desafío de controlar el uso de los recursos del Estado en beneficio de determinados candidatos. En esta ocasión, dice, “hay mayor riesgo del uso de fondos y medios del Estado tanto a nivel del gobierno central como de los municipios u otras entidades estatales”.

Resistencia en la JCE

Aquino recuenta todas las preocupaciones expuestas por sectores políticos y de sociedad civil sobre los peligros contra la legitimidad en la escogencia de los más de 4,200 cargos en disputa.

Resalta que las votaciones se acercan luego de ver fracasados todos los esfuerzos por la aprobación de una ley de partidos y agrupaciones políticas y una de régimen electoral, que sustituya la actual Ley Electoral (275-97).

Sin embargo, lamenta y critica que la JCE use esta ausencia como argumento para no cumplir con su rol de garantizar “la libertad, transparencia, equidad y objetividad de las elecciones”, que le confiere la Constitución en sus artículos 211 y 212.

Dijo que si bien las nuevas normas incrementarían el poder de acción del órgano electoral “no es menos cierto que la legislación vigente da cobertura a un importante campo de acción del organismo, que podría ser invocada si existiese la voluntad política de promover la equidad en el proceso electoral”.

En su crítica al Pleno de la entidad a la que pertenece, resaltó que el 28 de enero de 2014 su colega Eddy Olivares sometió un proyecto de reglamento para fiscalización de las primarias de los partidos políticos y que la mayoría votó en contra, con el argumento de que los sectores políticos estaban a punto de instituir, desde el Congreso, la ley de partidos y la electoral.

Agregó que el 3 de febrero de 2014 él propuso tomar medidas para frenar el proselitismo adelantado, a lo que la mayoría se negó con el alegato de que la ley sólo permite controlar la competencia una vez emitida la proclama.

El 2 de octubre de este año, recordó, él sometió al pleno de cinco integrantes, un informe sobre “las facilidades para vehículos de motor”, que sectores del oficialismo sorteaban en diferentes partes del país, a lo que el Pleno respondió con darle “un visto”, sin adoptar medida alguna, por entender que desbordaría las prerrogativas legales.

Aquino terminó citando la propuesta de Olivares, sobre adelantar la emisión de la proclama electoral y así pasar a fiscalizar las acciones de campaña, lo que todavía está pendiente de discusión, sin que él le augure un destino diferente al de las solicitudes anteriores.

Los demás integrantes del ente arbitral son Roberto Rosario, presidente, Rosario Graciano y César Félix Félix.

Otros retos

En su lista de desafíos que presenta este proceso, Aquino cita la pérdida de la capacidad de arbitraje interno en los partidos políticos y el reforzamiento del poder de las cúpulas en detrimento de la participación de las bases.

“El reto de la JCE consistiría en asumir su rol de entidad de supervisora de los eventos internos de los partidos políticos, incidiendo en que se respetaran las reglas internas de estos procesos”.

Agrega que el clientelismo político no sólo contribuye a desequilibrar la competencia electoral sino que subvierte uno de los pilares de la democracia liberal, que es la libertad.

Además, el titular llama la atención sobre el aspecto administrativo del proceso y hace hincapié en la cédula de identidad y electoral, cuyo plazo para adquisición del nuevo plástico vence el 15 de este mes.

Sostiene que aun cuando se apruebe una prórroga, “es probable que más de 500 mil personas se quedarán fuera del padrón electoral”, sostiene.

“A esta cantidad se añaden las personas beneficiadas por la ley 169-14 (para ciudadanos nacidos en el país, con ascendientes extranjeros irregulares), y que, de 55 mil casos registrados, menos de 10 mil han sacado su cédula de identidad y electoral”, lo que advierte podría convertirse en “un elemento conflictivo” y llama a la JCE a abordarlo “oportunamente”.
 NICANOR LEYBA