El abogado Namphi Rodríguez consideró ayer contrario a la Constitución y a los derechos de los usuarios y ciudadanos el “aumento desproporcional” de un 100 % en las tasas de los peajes dispuesto por el Fideicomiso RD Vial que administra las 10 estaciones del país.

Rodríguez, presidente de la Fundación Prensa y Derecho, sostuvo que ante cualquier acción procesal, el Tribunal Superior Administrativo dejará sin efecto la resolución, debido a que la administración de carreteras es un servicio público que debe garantizar el derecho de audiencia antes de emitir sus resoluciones y respetar los principios de razonabilidad y equidad tarifaria que establece el artículo 147 de la Constitución.

Además, explicó que el 18 de octubre de 2013, el actual ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, firmó con la fiduciaria del Banco de Reservas un contrato para la administración y gestión de las estaciones de peaje a través de la Red Vial, a fin de gestionar los peajes públicos del país.

Rodríguez sostuvo que desde ese momento el régimen de servicio público de carreteras fue concesionado bajo la modalidad de fideicomiso, por lo que debe cumplir con el principio de transparencia y rendir cuentas sobre más de cuatro millones que ha manejado.

Asimismo, dijo que en los últimos años se han recaudado montos que oscilan entre 1,700 y 2,000 millones de pesos anuales, de lo que, aseguró, no se ha informado a la ciudadanía.

“Esa situación afecta sensiblemente el derecho de acceso a la información pública, puesto que las autoridades han mantenido un manto de discrecionalidad sobre el manejo de esos fondos, mientras piden a la ciudadanía que soporte un aumento de un ciento por ciento en la tasa de los peajes”, dijo.

La Red Vial controla las estaciones de peajes de Las Américas, Autopista Duarte, 6 de noviembre, Carrera Sánchez, La Romana, Coral I, Coral II, Circunvalación de Santiago y Circunvalación Juan Bosch I y II.