La Procuraduría General de la República (PGR) informó ayer que avanzan “de forma satisfactoria y acorde con el debido proceso” las investigaciones en torno al cargamento de armas que ingresó de forma ilegal el 14 de septiembre desde Estados Unidos por el puerto Haina, en el cual se presume la vinculación del diputado reformista Néstor Muñoz.

Ya la Procuraduría había solicitado a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la asignación del juez de la jurisdicción especial, para cumplir con la característica de jurisdicción privilegiada que le corresponde al congresista de San Pedro de Macorís.

Para esos fines, la SCJ designó al magistrado Juan Hirohito Reyes, ante quien los procuradores adjuntos que tienen a cargo el caso solicitaron diversas autorizaciones y órdenes judiciales, que han permitido a la PGR realizar allanamientos, confiscar documentos y equipos que están siendo evaluados y así avanzar de manera significativa en la investigación, calificando la misma como “de compleja, con múltiples aristas y connotación de crimen organizado transnacional”, detalla la Procuraduría en un comunicado.

El órgano del Ministerio Público especificó que hasta el momento hay cuatro personas con medidas de coerción: Fe Esperanza Matos Ventura, Edwin Francisco Tamárez Cuevas, Noquel Matos Benjamín y Radhamés Muñoz, que fue apelada ante la Corte de Apelación de Santo Domingo, y se está a la espera del fallo de dicho recurso.

Indicó además que las diligencias investigativas permitirán establecer la verdad y la responsabilidad o no, tanto del legislador como de los colaboradores de esta red en territorio de Estados Unidos.