Los funcionarios responsables de la presunta corrupción en el contrato de remodelación del hospital Darío Contreras podrían enfrentar desde amonestación escrita hasta sometimiento a la Justicia.

La Dirección General de Contrataciones Públicas, en la Resolución 91-2015, sobre las irregularidades en la remoderación y equipamiento del Hospital Darío Contreras, sugirió una serie de sanciones, según lo prevé el artículo 65 de la Ley 340-06, las cuales van desde amonestación escrita, hasta el sometimiento a la justicia de los actores o servidores públicos involucrados.

Puntos vulnerados

Según la resolución, la enmienda hecha al contrato para la reconstrucción del hospital Darío Contreras no se rigió bajo el artículo 31 de la Ley 340-06, el cual establece que se “podrá modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%) del monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público”.

Sin embargo, el presupuesto se vio incrementado en un 91.72%, excediéndose en un 66.75% del límite establecido.

Además, la dirección de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), que entonces estaba encabezada por Miguel Pimentel Kareh, violó el “Principio Participación establecido en los numerales 8 y 9 del artículo 3 de la mencionada ley, el cual expone que “el Estado procurará la participación del mayor número posible de personas físicas o jurídicas que tengan la competencia requerida.

Al mismo tiempo, estimulará la participación de pequeñas y medianas empresas, no obstante reconocer su limitada capacidad financiera y tecnológica, con el objetivo de elevar su capacidad competitiva”.

Guzmán indicó que la entidad solo “otorgó un plazo de 14 días hábiles, para que los interesados prepararan sus propuestas, limitando por consiguiente la participación y concurrencia”.

Guardan silencio

El documento fue remitido a varias instancias gubernamentales, para su conocimiento y posibles actuaciones, pero hasta el momento ninguno de sus titulares se de por enterado.

Laura Guerrero, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a pesar de que tiene total independencia en este caso, ha obviado responder las cuestionantes sobre el proceso que se debe seguir.

Incluso, el presidente Danilo Medina rehusó hablar del tema, al ser abordado a la salida del acto por el aniversario 25 de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).