El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) abogó por la "primacía de la libertad de expresión y difusión del pensamiento" en la República Dominicana.

Olivo De León, presidente de la institución, afirmó que los medios de comunicación "no deben negarle a la ciudadanía ese derecho, porque con eso también estarían cerrándole el paso al derecho a la información".

De León se refirió así a la denuncia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) de que los canales Color Visión (canal 9) y Telesistema (canal 11), se negaron a pasarle una publicidad, alegando que el vídeo tenía contenido que viola la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento.

"Si intervino o no el gobierno en estos casos, no podemos opinar sobre eso, ya que no lo sabemos, lo desconocemos totalmente", respondió De León.

De León sostuvo que es evidente que en estos casos "hubo censura previa y autocensura por parte de los ejecutivos de esos medios, lo cual es rechazado por la Constitución, la legislación de prensa y por los preceptos internacionales que se han adoptado en el país".

Explicó, a su vez, que "el derecho de la gente a permanecer informada, la libertad de expresión y difusión del pensamiento, entre otros, son derechos humanos fundamentales que deben ser respetados por todos", expresó.

Precisó que estos derechos están consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Apuntó que el disfrute de esas libertades debe estar sujeto al respeto al derecho a la intimidad, al honor, a la dignidad y a la moral de las personas.

Recordó que esos artículos establecen que cualquier violación que pudiese eventualmente producirse o generar una publicación, corresponde a responsabilidades ulteriores, o sea que el o los (as) afectados (as) pueden demandar a los responsables, que en este caso serían los emisores del texto, o sea el PRM.

Advirtió que esta actitud de los canales 9 y 11 podría generar un precedente peligroso de censura previa y autocensura que perjudique la libertad de expresión y difusión del pensamiento, no sólo de los medios sino de la sociedad en sentido general.

"Ojalá que esta acción no se convierta en una conducta reiterada y común en los medios, entre los ejecutivos y periodistas, pues sería un funesto precedente en perjuicio de muchos y en beneficio de muy pocos", concluyó.