El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue) señaló que la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar inconstitucionalidad el Código Penal por artículos sobre el aborto, es la "más importante" adoptada en el país en los últimos años.

Asimismo, señaló que esta medida "termina la presión e injerencismo de organismos internacionales" para la legalización del aborto en República Dominicana.

El presidente del Codue, Fidel Lorenzo Merán, señaló que el nuevo Código Penal, tal y como estaba planteado, violaba la Constitución, que defiende el derecho a la vida desde la concepción, y que fue promulgado y aprobado, según dijo, "por presiones de organismos internacionales y sus socios dominicanos".

Asimismo, señaló que Codue y la comunidad evangélica están luchando desde hace tiempo para que el sistema jurídico dominicano "no asimile la cultura de la muerte", como es el caso del aborto, cuyo tema atrajo una enorme presión tanto al Poder Ejecutivo como al Congreso Nacional.

Añadió que si bien es cierto que el nuevo Código Penal contenía modificaciones importantes y valederas para actualizar un código que ya era centenario, los artículos 107, 108, 109 y 110, sobre el aborto, "contradecían de manera meridiana la Constitución"

"Creemos que el artículo 110 que establecía eximentes para los casos de aborto, estaban en contra del principio constitucional del derecho a la vida desde la concepción, por lo que la decisión del Tribunal Constitucional estuvo ajustada a nuestra norma sustantiva", dijo.

A la vez, señaló que muchos sectores "querían engañar al pueblo dominicano considerando como avance"la despenalización del aborto, sin embargo lo que se quería era instaurar una cultura de la muerte en el que intervienen sectores oscuros que comercializan con la vida derivados de industrias internacionales que saldrían favorecidas".

Al margen del tema del aborto, el nuevo Código Penal, dijo Lorenzo Merán "traía importantes avances", entre los que citó, el artículo 309 que establece que el funcionario o servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, sustraiga, distraiga o se sirva, para su provecho personal o para provecho de un tercero, de fondos públicos o de cualquier objeto que le haya sido entregado para su administración o preservación en razón de sus funciones, será sancionado con prisión mayor de 10 a 20 años.

Además, las penas en contra de los feminicidios, el sicariato y el tráfico de influencias y otras tipificaciones penales que desde hace tiempo debieron ser sancionadas, concluyó.