La Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que agrupa a gobiernos, empleadores y trabajadores de 187 Estados miembros  a fin de establecer las normas del trabajo, formular políticas y elaborar programas promoviendo el trabajo decente de mujeres y hombres, afirma que no solo es necesario tener un trabajo, sino que aún más importante es contar con trabajo decente, el cual define un empleo productivo y de calidad, y que las trabajadoras y los trabajadores los ocupen en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

La OIT tiene como objetivos principales “promover los derechos laborales, fomentar oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social y fortalecer el diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo”.

Esos son los planteamientos más destacables de la OIT, entidad que afirma que el contexto económico y político actual de América Latina y el Caribe configura un tiempo de oportunidades para avanzar por el camino del trabajo decente.

República Dominicana necesita trabajos decentes. Sin embargo, países como el nuestro todavía no han podido ofrecer las garantías mínimas para que los trabajadores puedan acceder a un empleo con un salario decoroso que les permita, por lo menos, suplir sus necesidades básicas.

“El desafío político para la región consiste en aprovechar esas oportunidades y en que la creación de trabajo decente sea la base de un nuevo consenso para avanzar hacia un desarrollo sostenible que integre las dimensiones económica, social y ambiental”, afirma la OIT en un documento publicado recientemente titulado “Trabajo decente en América Latina y el Caribe”.

Al parecer, República Dominicana no ha sabido aprovechar esas oportunidades planteadas por la OIT y de acuerdo con el último informe del Banco Central (BC), la tasa de desocupación alcanza el 14 %.

“Cuando el Banco Central dice que la tasa de desempleo está en 14 % es porque está por lo menos en el 17”, señala José Luis León, secretario de Acción Reivindicativa y Derechos Humanos de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC).

Según explica el  BC, 8 millones 699 mil 672 dominicanos y dominicanas están en edad de trabajar (lastimosamente, esta estadística incluye a niños y niñas) y de esta cantidad el 57.6 % pertenece a la población económicamente activa, mientras que el restante 42.4 % son personas inactivas.

Desempleo

Un dato curioso es que el informe agrega que del 14 % de las personas desempleadas, el 89.7 %  tienen edades entre 15 y 49 años, por lo que se puede inferir que son ciudadanos relativamente jóvenes.

Frente a este panorama no se puede dejar de mencionar el anuncio hecho por el Gobierno dominicano de que se había cumplido con la meta propuesta desde el año 2012 de crear 400 mil nuevos empleos en cuatro años, objetivo que dice el director de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas del BC, Ramón González Hernández, que se logró antes de finalizar el 2015, la misma fecha en que fue publicado el informe realizado tomando como referencia 10,436,159 personas.

“Nosotros no avalamos esa cifra, la creación de esos nuevos empleos hay que verla con una lupa”, afirma León.

Explica que hay que verificar si los empleos creados son decentes y de calidad, debido a que hay muchas personas que para no estar “haciendo nada” acceden a involucrarse en quehaceres que no deben ser calificados como empleos.

Del Banco Central critica la metodología que utiliza para realizar sus análisis sobre el mercado laboral dominicano y manifiesta que solo hay que constatar la gran cantidad de escalas de salarios mínimos que hay establecidos en el país.

“A 130 años después de la lucha iniciada en Chicago en la búsqueda de reivindicaciones laborales, el Día del Trabajo encuentra a los trabajadores dominicanos en una situación altamente preocupante, por el bajo poder adquisitivo que tienen, el cual contrasta con las cifras ofrecidas por el BC”, resalta.

Para él, la situación es precaria. Afirma que de cada 10 empleos que hay en República Dominicana, ocho pertenecen al sector informal, y solo dos al formal.

Falta de aplicación de la Ley 87-01 afecta sector laboral

León no cree que la informalidad sea el problema y agrega que el 55 % de los y las trabajadores y trabajadoras que dejan de laborar en una institución e inician su propio negocio, no vuelve a emplearse, por lo que es evidente que el sector informal ofrece mayores beneficios.

Sin embargo, destaca que cuando los trabajadores y ingresan al sector informal pierden la protección social que se les debería garantizar en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que es regido por la Ley 87-01 que en el artículo tres establece la universalidad de servicios y dice: “El SDSS deberá proteger a todos los dominicanos y a los residentes en el país, sin discriminación por razón de salud, sexo, condición social, política o económica”.

En el Capítulo II de la ley se explica quiénes son los beneficiarios. Dispone que tienen derecho a ser afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social todos los ciudadanos y ciudadanas dominicanos y dominicanas, así como los residentes legales en el territorio nacional.

Más adelante, en los literales A, B y C la pieza legislativa precisa que los y las trabajadores y trabajadoras por cuenta propia serán incorporados en forma gradual, previo estudio de factibilidad técnica y financiera.

Pero León afirma que no ha sido así y cuenta que en el país hay más de cuatro millones de trabajadores dominicanos deambos sexos que no han sido incluidos en el SDSS, hecho que hace aún más difícil su situación, debido a que no cuentan con la protección que necesitan para mejorar sus condiciones de vida y garantizar su vejez a través de la cotización que deberían hacer al Estado, para obtener una pensión cuando ya no se encuentren en edad productiva.

Otro gran problema

Además de la falta de aplicación de la Ley 87-01, León cita la diversidad de salarios mínimos permitidos como uno de los males de mayor impacto en el sector laboral. Expresa que dependiendo del capital operativo de una institución, las normas locales establecen cuál es el salario que deben devengar los empleados y empleadas contratados para brindar servicio.

Detalla que en República Dominicana existen al menos 18 tipos de salarios mínimos, ninguno suficiente para que los trabajadores del país pueden suplir sus necesidades básicas.

Asegura que una empresa de capital mediano tiene establecido como salario mínimo ocho mil pesos, mientras el costo de la canasta básica familiar anda por los 27,750 pesos dominicanos.

“¿Cómo sobrevive un trabajador o trabajadora en estas condiciones?”, lamenta.

Dice que la mayoría de los productos que la gente consume diariamente están gravados con impuestos, por lo que a los trabajadores se les hace imposible subsistir con el salario que reciben por un mes de trabajo.

Agrega que el poder adquisitivo de los dominicanos ha bajado mucho, sobre todo luego de la reforma fiscal puesta en marcha por el gobierno del presidente Danilo Medina en el año 2012, con la que se dispuso impuestos a productos básicos de manera gradual, sin que se haya realizado un aumento de salarios a los trabajadores y trabajadoras del país.

La inseguridad ciudadana también afecta al sector laboral. Los trabajadores no solo dependen de un salario mínimo, en la mayoría de los casos, sino que también dependen de la suerte que tengan o no al transitar por las calles del país, donde muchas veces son víctimas de las faltas de políticas públicas para combatir la inseguridad ciudadana.

“La mayoría de los trabajadores y trabajadoras tienen que salir de su casa a las 6:00 de la mañana y en muchos casos son asaltados por desaprensivos, quienes en ocasiones los persiguen hasta lugares donde hay cajeros automáticos para asaltarlos y llevarles lo poco que tienen”, insiste León.

El economista puntualiza que situaciones como esa llevan a los trabajadores a padecer estrés y ansiedad, debido a que se quedan sin los recursos para poder pagar deudas contraídas, fruto de que el salario que devengan no les alcanza para cubrir sus gastos más elementales.

“Hemos involucionado. En los últimos años el salario de los  trabajadores del país se ha depreciado en un 27 %”, indica.

Aspiración

José Luis cree que la clave para mejorar las condiciones de vida del sector laboral dominicano está en verificar la calidad del gasto público.

“No es posible que en República Dominicana se colocara en presupuesto 173 millones en exenciones fiscales y subsidios de combustibles para empresas privadas que ostentan grandes márgenes de ganancia”, dice.

Espera que en algún momento el país se ocupe de poner en el centro de las políticas públicas a los seres humanos, en especial a la clase trabajadora que es el sostén de la producción nacional, la cual se ha visto afectada, según afirma, por las operaciones de subcontratación que ejecutan muchas empresas multinacionales establecidas en el territorio nacional.

“Hay que robustecer el aparato productivo nacional, crear políticas de empleo bien definidas y focalizadas”, asegura.

Además de lo anterior, también habría que aplicar de forma integral la Ley 87-01 para garantizar que todos los trabajadores dominicanos puedan tener razones para ver el Día del Trabajo como una fecha para celebrar y no para lamentarse su situación actual.

Trabajo informal

55 % de los trabajadores que dejan de laborar en una institución e inician su propio negocio no vuelve a emplearse, según las informaciones ofrecidad por De León.